Sin importar la cercanía a un hospital, a un fraccionamiento e incluso a una reserva natural, tres plantas concreteras se establecieron al sur de Monterrey, violentando lo dispuesto en la Ley ambiental del Estado y la recientemente expedida Norma Ambiental Estatal EM-SDS-001-2016.
Aunque la ley indica que dichas empresas no deben ubicarse en zonas protegidas, además de que deben mantener una distancia de más de 100 metros de las carreteras, estas normas actualmente son letra muerta.
Se trata de tres empresas concreteras localizadas a pocos metros de la carretera Nacional, detrás del hospital Christus Muguerza Sur y al lado del corredor natural Cañón del Huajuco.
En un recorrido de MILENIO Monterrey por la zona residencial, vecinos del sector refirieron que llevan más de 37 años viviendo en la calle Cañón del Huajuco y aproximadamente hace siete años fue cuando se instalaron las plantas.
El hospital lleva operando desde el 14 de mayo de 2006, mientras que fuentes al interior de Cementos Mexicanos (Cemex) revelaron que su planta arribó en el 2010, lo cual significa que el permiso de uso de suelo se otorgó sin considerar el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable del Cañon del Huajuco Monterrey 2010-2020.
Un vocero de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que pidió el anonimato, argumentó que definir los criterios de usos de suelo son atribuciones municipales, aunque el Estado es el responsable de vigilar el cumplimiento de las normas ambientales.
"Lo que regula el uso de suelo, o sea, si una empresa se pone junto a un hospital, junto a una escuela, junto a quien sea, es una atribución totalmente municipal, fundamentada en el artículo 115 constitucional y en la Ley de Desarrollo Urbano Estatal y de la Ley de Asentamientos Humanos.
"El Estado lo único que hace es intervenir para regular las emisiones y el impacto ambiental que tenga una vez que tuvo el permiso del municipio para establecerse ahí", dijo.
Cabe destacar que incluso con el permiso de uso de suelo expedido por el municipio, si así fuere el caso, las empresas están sujetas a obtener un permiso estatal para su operación, ampliación o modificación, también están obligadas a presentar su Manifestación de Impacto Ambiental a la Secretaría.
Posteriormente se les exige controlar y disponer adecuadamente de sus residuos, sin embargo, una de estas plantas fue cerrada recientemente por el daño que generaba a los vecinos por sus emisiones contaminantes, según la versión de un trabajador del negocio contiguo.
Las empresas trabajan con grava, arena y cemento. La materia prima la transportan desde una pedrera ubicada en el cerro del Topo Chico con un trayecto de aproximadamente dos horas.
