Alerta CNDH sobre violencia sexual en escuelas

El organismo emitió una recomendación a la SEP, ya que indicó que de enero del 2000 a agosto del 2014 recibió un total de 190 quejas en su contra por casos relacionados con abuso sexual.
Los salones de clases presentaron buena asistencia de alumnos.
La CNDH recomienda poner lineamientos para evitar el acoso en escuelas públicas y privadas (Guadalupe Sánchez)

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación general 21, sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de niñas y niños en centros educativos públicos y privados, dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), Gobiernos de los Estados de la República y al jefe de Gobierno del Distrito Federal.

De enero del 2000 a agosto del 2014 este organismo recibió 190 quejas, en contra de la SEP y secretarías de educación de diversas entidades federativas por casos relacionados con abuso sexual, acoso sexual, acoso escolar, violación y tocamientos.

De las quejas a las que hizo mención 210 son agraviados de los 0 a los 17 años, de los cuales 146 fueron niñas y 64 niños; de los 233 presuntos agresores señalados por los quejosos, 218 eran hombres y 15 mujeres, destacando que 107 eran alumnos y 126 formaban parte del personal del centro escolar donde ocurrieron los hechos.

De las referidas quejas, una fue presentada por un caso de educación inicial, 24 respecto a preescolar, 71 por hechos ocurridos en primaria, 52 atañen a educación secundaria, 37 relativas a media superior y 5 corresponden a educación especial.

Asimismo, en el periodo del año 2000 a 2014, la CNDH emitió 18 recomendaciones relacionadas con algún tipo de violencia sexual en centros escolares, y tan sólo en el periodo 2010 a 2014, se emitieron 13 de estas recomendaciones. No obstante que dichas recomendaciones se han emitido de manera reiterada, los casos de violencia sexual continúan ocurriendo, por lo que se considera necesario que las autoridades competentes redoblen los esfuerzos en el cumplimiento de las mismas, con el objetivo de erradicar este fenómeno que afecta de forma directa a la niñez.

De igual forma, los organismos defensores de derechos humanos en las entidades federativas recibieron del año 2000 al 2013, un total de 657 quejas; mientras que del año 2000 al 2013, se registraron mil 997 quejas relacionadas con violencia sexual en centros escolares públicos.

De las 28 entidades federativas que contestaron a la solicitud de información de este organismo, se observó que del año 2000 al 2013, existió un registro de mil 997 quejas denunciadas ante las secretarías de educación relacionadas con violencia sexual en centros escolares públicos, de los cuales 6 fueron presentadas por casos de violencia sexual en educación inicial, 204 en preescolar, 722 en primaria, 849 en secundaria, 179 en educación media superior y 15 en instituciones de educación especial, mientras que en 22 casos no se especificó el nivel en el que se encontraban los alumnos agredidos.

En la recomendación se observó que la violencia sexual en centros escolares es causada por la falta de medidas de prevención, investigación, sanción y atención de este fenómeno ante las omisiones por parte de las autoridades escolares, entre las que destacan la carencia de una política de prevención e identificación y en algunos otros casos la falta de una normatividad administrativa que regule la forma de proceder frente a este tipo de abusos en algunas entidades federativas y la inexistencia de mecanismos de atención para estos casos en centros escolares, el desconocimiento o bien la negligencia por parte de las autoridades escolares respecto al procedimiento que se debe seguir cuando se ha detectado un caso de violencia sexual escolar, además de la inadecuada atención a las víctimas.

Otra omisión observada, es la falta de instalaciones adecuadas en los centros escolares, y la carencia de control en la contratación de personal.

También, se observó que la mayoría de los estados no cuentan con normatividad que señale de forma puntual la manera en que las autoridades educativas deben actuar al momento de detectar un caso de violencia sexual escolar, por lo que se señaló que es necesaria la creación de lineamientos.

Ante esto se recomendó que la SEP, en su carácter de autoridad rectora del sistema educativo, emita una normativa en la materia a fin de establecer los criterios mínimos extensivos a todas las entidades federativas, los cuales deben servir de base para todos los niveles de gobierno.

Y se requiere las conductas de violencia sexual por parte de servidores públicos en contra de niñas y niños estén tipificadas como graves e imprescriptibles, y de que se prevean medidas de protección para niños y niñas implicados como víctimas en delitos que impliquen violencia sexual, y la importancia de que se contemplen agravantes cuando hayan sido perpetrados por servidores públicos.

Por todo ello, en su Recomendación general 21, la CNDH pide a la SEP, se emitan directrices o guías que contengan los contenidos mínimos sobre las obligaciones de atención, prevención, investigación, sanción y reparación de casos de violencia sexual en centros escolares, que consideren de forma particular a las niñas y niños en situación de vulnerabilidad múltiple, y que sirvan de base para que las autoridades educativas estatales diseñen sus propios lineamientos o ajusten los ya existentes.

Capacitar a quienes laboran en centros escolares, sobre los lineamientos que deberán aplicar cuando se suscite un caso de violencia sexual escolar. Realizar revisiones en los planteles públicos y privados para asegurar que las instalaciones son adecuadas al interior de las mismas, y se gestione la instalación de cámaras de video en puntos estratégicos.

Generar lineamientos para garantizar que la evaluación, ingreso y permanencia del personal docente contemple que los interesados cuenten con aptitudes y capacidades para el trato con niños y niñas.

Vigilar en todo momento que las actuaciones por parte de los particulares que prestan servicios educativos en el Distrito Federal se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Educación y en caso de que se observe un inadecuado seguimiento a los casos de violencia escolar, en especial de violencia sexual, se apliquen a dichos centros escolares las sanciones correspondientes incluyendo la revocación de la autorización para ejercer como centro educativo.

Asimismo, a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Nacional pide generar políticas públicas integrales y lineamientos de prevención, investigación, sanción y atención de casos de violencia sexual en centros escolares, así como protocolos de actuación en dichos supuestos, tomando en cuenta además a las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad múltiple.