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Viernes , 17.08.2018 / 18:48 Hoy

Chihuahua, NL y Tlaxcala, con más retrasos legislativos: SFP

Coahuila, Querétaro y Sonora son las entidades más avanzadas en poner en funcionamiento.

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A seis meses de que los sistemas locales anticorrupción debieron haber comenzado a funcionar, Chihuahua, Nuevo León y Tlaxcala son los tres estados del país que más retraso presentan en su implementación, pues tienen rezagos legislativos importantes.

Además hay 15 entidades donde todavía no hay fiscal anticorrupción, que son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Por ley, el 19 de julio de 2017 debió haber entrado de lleno en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual incluye los 32 sistemas locales y solo hay nueve entidades en las que el sistema local ya está funcionando, que son Coahuila, Durango, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.

El principal avance en las entidades es que en todas ya se logró la reforma constitucional local para armonizarse con la reforma a escala nacional con la que se creó el SNA.

De acuerdo con el monitoreo que realiza la Unidad de Vinculación con el SNA de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Coahuila, Querétaro y Sonora son los estados más avanzados en la implementación de sus sistemas, pues ya no tienen leyes pendientes por aprobar o publicar y ya tienen todas sus instancias conformadas y funcionando.

En contraste, Chihuahua es la entidad federativa con más pendientes para que su sistema anticorrupción funcione.

En ese estado, además de que el Congreso local no ha aprobado cuatro de las siete leyes secundarias necesarias, no se han integrado las instituciones que conforman al sistema local y no se ha designado a los titulares de los cargos más importantes.

Estos nombramientos dependen de la aprobación y publicación de las nuevas leyes en el Congreso del estado: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Estatal, Ley Orgánica del Tribunal Contencioso, Ley de Responsabilidades Administrativas y Código Penal.

En el caso de Nuevo León, aunque ya están aprobadas en el Congreso local, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón solicitó licencia para emprender su precampaña a la Presidencia sin haber publicado la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Estatal, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso y la Ley de Responsabilidades Administrativas local.

En tanto, el Código Penal no ha sido aprobado en el Congreso.

En Tlaxcala, los diputados tienen pendiente por aprobarla Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y de publicar por parte del Ejecutivo estatal las leyes del sistema local snticorrupción, la Orgánica de la Fiscalía General Estatal, la de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal.

Por lo tanto, no se han nombrado ni Comisión de Selección, ni Comité de Participación Ciudadana, ni Fiscal Anticorrupción, ni Comité Coordinador, ni Secretario Técnico.

En Colima falta por aprobarse en el Congreso local la Ley de Fiscalización Superior del Estado y por publicarse la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, la Ley de lo Contencioso Administrativo y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El monitoreo también señala que faltan seis estados por contar con magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas: Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Zacatecas.

La información de la situación de las entidades federativas con la que cuenta la SFP está actualizada al 15 de enero del 2018.

Claves

Alistan reunión

• Contralores de todo el país se reunirán en Ciudad de México, en la sede de la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde presentarán su plan de trabajo con el objetivo de impulsar los sistemas anticorrupción en todos los estados del país.

• La reunión, que se celebrará el 26 de enero, será la primera Asamblea Plenaria de 2018 de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, la cual reúne a los titulares de las contralorías de todos los gobiernos estatales, incluida la SFP, que representa al gobierno federal.

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