Tras admitir que aún tienen contrato vigente con una empresa ligada a Comercializadora Mirof, la Secretaría de Administración adelantó que pedirá a la Contraloría del Estado abrir una investigación en contra de la red de compañías de familiares ligados a la firma inhabilitada por el caso Cobijagate.
En entrevista, Enrique Torres Elizondo, secretario de Administración, reconoció que actualmente tienen contrato con la empresa Consorcio Empresarial Regiomontano Especializado en Seguridad Privada SA de CV (Ceressa) y que brinda el servicio de seguridad privada al Instituto de Control Vehicular (ICV).
El funcionario estatal señaló que el contrato tiene vigencia hasta el 31 de mayo del presente año y se le está pagando un monto de 131 mil pesos mensuales.
Aclaró que Ceressa no cumplió con el refrendo del stock de proveedores, mismo que implica presentar la papelería para argumentar que están en regla, dicha situación no los inhabilita, pero sí los deja en desventaja contra otras empresas en cualquier concurso.
"Pediremos a la Contraloría que lo revise y asegurarnos que no haya un contubernio entre una familia para hacer algún tipo de daño, pero yo creo que estamos obligados, ante la observación de ustedes, a investigar, no nos podemos quedar así nada más.
"Aquí no queremos darle preferencia a nadie, queremos darle preferencia a los mejores proveedores y si esos son mexicanos pues mucho mejor, pero todo dentro de la legalidad y haciendo procesos justos y correctos.
"Ahorita sí hay uno (contrato vigente) que se dio el año pasado, de ese contrato múltiple una parte vence el 31 de mayo de este año, es uno pequeño de 131 mil pesos mensuales, (el servicio que ofrece) es de vigilancia del Instituto del Control Vehicular", dijo.
Sin precisar si es legal o no, aseguró que se contrataron mismos servicios en una sola licitación, dentro de los cuales se dio el servicio de vigilancia también a la Procuraduría General de Justicia, sin embargo este contrato ya venció.
Lo que sí reconoció es que la ley no los faculta para sancionar a empresas familiares de quienes hayan brindado un mal servicio.
"Te tengo que confesar y reconocer que todas las observaciones e investigaciones que ustedes haces pues son de gran utilidad, porque todo mundo hace empresas y otra a nombre del primo, del cuñado y como la ley no nos permite castigar a tu hermano por culpa tuya, pues nos ayuda para estar con los ojos abiertos", refirió.
Respecto a las empresas que brindaron el servicio de mantenimiento a equipo y maquinaria del Conalep, así como de seguridad privada a dicha institución, Enrique Torres se deslindó, al asegurar que fue una licitación que no fue ejecutada por la Secretaría de Administración, sino del propio Conalep, al ser un organismo descentralizado.
