Llueven reproches a Comisión de Víctimas en Guerrero

Los familiares reprocharon a Julio Hernández Barros la tardanza para entregar los apoyos a las víctimas, “no tenemos dinero ni para pagar un mejoral”.
Padres de desaparecidos arremeten contra Julio Hernández presidente de la Comisión de Atención a Víctimas (Milenio Televisión )

Chilpancingo

En una jornada de reproches hacia las comisiones de Atención a Víctimas, del estado y la federación, familiares de personas desaparecidas y asesinadas anticiparon que harán crecer el movimiento en la capital de Guerrero, convencidos de que “sentarnos a llorar no es el camino para llegar a la justicia”.

La tarde del jueves, Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), fue objeto de airados reclamos por parte de integrantes del colectivo "Siempre Vivos", durante una reunión de seguimiento, realizada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum).

Los casos documentados en Chilpancingo se remontan a marzo de 2007, con la desaparición del arquitecto José Gabriel Cerón Silva.

De las 47 familias que se reúnen recurrentemente para dar seguimiento a sus casos, la mayoría está inquieta porque a la fecha no reciben algún resultado positivo respecto a las muestras de ADN que entregaron a las autoridades.

Los gobiernos estatal y federal tienen listo un cementerio especial, en el que canalizarán por lo menos 400 cadáveres encontrados en fosas clandestinas.

Los familiares de los desaparecidos temen que entre ellos estén algunos de sus seres queridos.

Las víctimas tienen nombre

Una mujer vecina de la comunidad de Amojileca, municipio de Chilpancingo reprochó que la policía tardara diez meses en entregarle el cuerpo de su hija menor de edad, localizada en una fosa clandestina.

Cuando la mujer recibió el cuerpo de su hija no solo lloró la confirmación de la muerte; también enfrentó la angustia de no tener dinero para comprar una caja sencilla, ni las influencias para obtener un lote en el panteón municipal.  

Una activista de la Ciudad de México puso de su dinero para adquirir una caja modesta y ayudó a rentar un lote en el panteón por seis años.

Los restos de la joven permanecerán ahí durante seis años y posteriormente, la familia tendrá que pagar otros seis años más o bien, permitir que sean exhumados.

Los familiares de las víctimas directas dijeron que no tienen la certeza de que serán apoyados con gastos de traslado ni de alimentación; “No tenemos dinero ni para pagar un mejoral”, reprocharon a Julio Hernández Barros.

“Viene con las manos por delante, no trae nada; ni si quiera atención médica”, dijeron al comisionado Hernández Barros, con visible desesperación.

La violencia también alcanza a los políticos

Noé Alarcón, ex presidente municipal de Leonardo Bravo, solicitó a la CEAV que ya no se dedique a sobrellevar a los familiares de los desaparecidos, porque estos demandan resultados tangibles.

“Todos tenemos un dolor que causa mucho coraje. No es justo que nos traten mal y no se cumplan los acuerdos; queremos que los compromisos se cumplan”.

Su hijo Noé, un joven de 22 años, desapareció hace casi 36 meses y hasta la fecha no hay avances en el proceso de investigación.

Noé Alarcón dijo Iguala no es la única ciudad víctima y que hay otros municipios que reclaman atención urgente, como Chilpancingo, Acapulco y Chilapa.

En el colectivo hay varias mujeres que se han convertido en el único sustento para sus hijos, no tienen un trabajo fijo y sus maridos no aparecen. Ellas deben esperar hasta dos semanas para recuperar los gastos de sus traslados, lo que refieren que es sumamente lamentable.

Huir tampoco es la solución

Entre la concurrencia destaca la presencia de un militar retirado, al que algunos se dirigen por el grado que ostentaba al momento de causar baja; coronel.

El hombre es robusto, de voz clara y quien cuenta una historia especial.

Renuente a dar entrevistas e identificarse por las amenazas que ha recibido, el militar en el retiro recuerda que tras casi 40 años de servicio decidió dejar las filas del Ejército y frente al problema de la inseguridad que iba en aumento en Chilpancingo decidió mudarse de ciudad.

El coronel llegó a Querétaro, que aunque es considerada una de las ciudades más tranquilas del país, tiene por lo menos 400 casos de personas desaparecidas, registrados desde 2008.

En septiembre de 2013, su hijo Xiutlelt Abarca, chef de profesión, viajó de Querétaro a Acapulco.

Chilpancingo es el último lugar donde alguien dijo haberlo visto.

Durante más de dos años el coronel ha tocado puertas: promovió acciones legales y buscó información que le permita encontrar a su hijo. La violencia de la que huyó el coronel cuando salió de Guerrero con esposa e hijos terminó por alcanzarlo.

Ejercer mayor presión

Los integrantes del colectivo en Chilpancingo reconocen que la inmovilidad no les ayudará mucho. Asumen que deberán hacer crecer al grupo para ejercer mayor presión sobre los gobiernos; de lo contrario, aseguran, no van a conseguir romper con la apatía de algunos servidores públicos.

Para Julio Hernández Barros, el propósito de la reunión es distinto: "el motivo de la visita es informar a las víctimas que tienen derechos de ayuda, de asistencia, de reparación, de acceso a la justicia y por supuesto tienen también derecho a una reparación integral que incluya medidas de satisfacción, de rehabilitación y de no repetición”.


OVM