En caso Tlatlaya hubo "uso excesivo de la fuerza": diputados

En su informe final los legisladores dicen que la información entregada por la Sedena, la PGR y el gobierno del Edomex sobre el caso es “notoriamente insuficiente”.
Militares abaten a 22 personas en Tlatlaya (30 de junio) Durante un operativo en Tlatlaya, Estado de México, militares abatieron a 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento. Sin embargo, semanas después testigos señalaron que fueron los soldados quienes mataron a tiros a los jóvenes después de que ya se habían rendido. En septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerció acción penal contra ocho militares, acusándolos de desobediencia e infracción de deberes, pero no por “ejecución” masiva ni homicidio doloso.
(Archivo Milenio )

Ciudad de México

El grupo trabajo creado en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al caso Tlatlaya presentó su informe final y en él hace suya la consideraciones de la CNDH en el sentido de que la tortura e intimidaciones en agravio de las victimas sobrevivientes, presuntamente por funcionarios del Gobierno del Estado de México, así como las deficiencias en la recolección de pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales incurrieron servidores públicos del gobierno de esa entidad son “los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos”.

Señala además que en el caso de Tlatlaya “se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Sedena involucrados, que tuvo como consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”.

Establece que la información entregada por la Sedena, la  PGR y el gobierno del Estado de México es “notoriamente insuficiente” por lo que considera necesario hacer un llamado a dichas instancias para que faciliten la rendición de cuentas hacia el Legislativo.

La presidenta de dicha instancia, la perredista Elena Tapia,  dijo que al no haber claridad en este tema pasados ya varios meses, "deja una sensación de frustración”.

El documento incluye 39 recomendaciones, la mayoría de ellas en materia de transparencia  y cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH.

Considera que el esclarecimiento de los hechos debe tener como consecuencia necesaria  acciones y proyectos por parte del estado en su conjunto  para la prevención, investigación, sanción  y no repetición de las conductas violatoria de los derechos humanos.

Señala que la aceptación de la recomendación de la CNDH la Sedena reconoce que se violaron los derechos humanos a la vida, a la verdad y a la debida procuración de justicia, en tanto que  con la aceptación de la recomendación la PGR reconoce que se violaron los derechos  al acceso a la impartición de justicia y a los derechos  que corresponden a las víctimas y ofendidos del delito en agravio de 25 personas y un número indeterminado de víctimas indirectas.