Pérez Pozos admitió servicios de consultora

Una de las pruebas para su detención fue un oficio firmado por el ex secretario general, que reconoce un adeudo por 42.3 mdp en 2009.
El ex secretario general del Congreso fue detenido este lunes y negó tener que ver con el caso de la consultora.
El ex secretario general del Congreso fue detenido este lunes y negó tener que ver con el caso de la consultora. (Nacho Reyes)

Guadalajara

Aunque al momento de su reaprehensión, Octavio Pérez Pozos dijo no tener relación con el caso de la consultora López Castro, fue él quien firmó el documento en el que se admite que la empresa prestó un servicio al Congreso del Estado y que por lo tanto reclamaba el pago de 42.3 millones de pesos.

Este documento es una de las pruebas que el notario Salvador Cosío Gaona presentó en la denuncia penal por enriquecimiento ilícito, que derivó en la detención del ex secretario general del Congreso del Estado.

Pérez Pozos fue detenido este lunes por agentes de la Fiscalía, tras la denuncia hecha por Cosío y que, según el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, está relacionada con el caso López Castro.

En el oficio, del que este diario tiene una copia, se señala que la empresa acreditó que recuperó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) 92.6 millones de pesos pagados en exceso por concepto de impuestos, por lo que entregó siete facturas para reclamar el pago de sus servicios, que suman 42.3 millones de pesos.

Entre los documentos también hay una factura de la empresa López Castro, referente al pago de un anticipo de medio millón de pesos más IVA, para un total de 575 mil pesos. La fecha de la misma es del 29 de septiembre de 2009.

El oficio a través del cual se reconoce el trabajo de la empresa Consultora López Castro está firmado por Luis Octavio Pérez Pozos el 27 de enero de 2010, en su calidad de Secretario General del Congreso del Estado, cargo que asumió ante la licencia del entonces titular, Alfredo Argüelles Basave, quien se separó para buscar una diputación local por el Partido Acción Nacional.

Pérez Pozos había sido detenido desde el mediodía del sábado, pero fue liberado al día siguiente por órdenes de la juez Quinto de lo Penal, al considerar que la actuación para su aprehensión por parte de las autoridades había sido ilegal.

Este lunes fue reaprehendido y, según el fiscal general Luis Carlos Nájera, fue porque se subsanaron los “tecnicismos” que permitieron su liberación el día previo. Sin embargo, el problema fue que la detención se llevó a cabo sin la orden de aprehensión de la juez, que fue expedida apenas el domingo 8 de febrero.

La empresa Consultora López Castro fue contratada por la LVIII Legislatura, aparentemente para que gestionara la devolución de recursos ante Hacienda, servicios por los que reclamó el pago de 42.3 millones de pesos. Al comenzar la LIX Legislatura y no recibir el dinero, los particulares demandaron al Congreso del Estado por la vía mercantil.

Cuando el juicio aún no concluía, diputados de la LIX legislatura firmaron un convenio con la empresa López Castro, a través del cual admitieron deber más de 84 millones de pesos, aunque los particulares aceptaron renunciar a una parte y cobrar sólo 58 millones de pesos. Este convenio fue llevado a un juzgado, donde se elevó a categoría de sentencia.

Cuando ya se había emitido resolución definitiva, obligando al Congreso a pagar, el gobierno del estado anunció que los representantes de la empresa se habían desistido. Uno de ellos, Rafael López Martínez, también fue detenido, por el delito de fraude, aunque en otro caso.

:CLAVES

LA HISTORIA

MILENIO JALISCO dio a conocer que la empresa Consultora López Castro y Compañía reclamó al Congreso del Estado el pago de 42 millones de pesos, por un contrato firmado por la LVIII Legislatura.

La empresa habría sido contratada para gestionar ante la Secretaría de Hacienda la devolución de recursos pagados en exceso de Impuesto Sobre la Renta.

La LIX Legislatura demandó la nulidad del contrato, porque era una fotocopia con firmas ilegibles.

MILENIO JALISCO dio a conocer que diputados de la LIX Legislatura firmaron un convenio en el que, sin que hubiera sentencia, se obligaban a pagar a López Castro 58 millones de pesos. El acuerdo fue elevado a categoría de sentencia.

La actual Legislatura integró una comisión especial que investiga este caso y el de otras dos empresas contratadas también por temas relacionados con el pago de impuestos.

Cuando ya se había dictado una sentencia definitiva que señalaba que el Congreso del Estado debía pagar 58 millones de pesos, los particulares se desistieron.