No era necesario escriturar para que casa fuera del GDF: expertos

Gabriel Reyes, presidente de Transparencia Nacional, dijo que cuando el vendedor original no exigió que se cubriera el pago, lo que procedió fue el otorgamiento a favor del gobierno de la ciudad.
El ex jefe de Gobierno dijo que dará la batalla para que se respete su derecho a votar y ser votado.
El ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

Especialistas en derecho y transparencia coincidieron en que no era necesario escriturar el predio de Río de Janeiro 46, para que fuera considerado como propiedad del Gobierno capitalino, y cuya transacción es investigada por la Contraloría ante las irregularidades detectadas.

El ex jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, fue señalado porque en su administración se regresó el predio al dueño, por más de un millón de pesos, y después esto lo vendió en cerca de 19 millones y ahora lo ocupa. Por lo que ahora se ha defendido indicando que ese predio, que actualmente renta, nunca fue propiedad de la administración local, porque no se escrituró.

Sergio Ricardo Márquez Rábago, Doctor en Derecho Administrativo y catedrático en la Facultad de Derecho en la UNAM, señaló en referencia al predio, que hoy ocupa el ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que hubo contrato de compra venta, por el que se pagó 95 por ciento del valor y que el Gobierno del DF tuvo posesión.

"Con los elementos conocidos: sí hubo contrato de compraventa; sí fue del Gobierno del Distrito Federal y le dio destino al predio, sin necesidad de tener escrituras", expuso Márquez Rábago.

Y fue hasta 2011, cuando se hace un procedimiento civil en el cual el vendedor reclama que se le debe 5 por ciento y se le llama a firmar la escritura, pero prefiere devolver el dinero y se le devuelva el predio o de lo contrario demandaría una rescisión del contrato, y se conviene devolverle el dinero a valor actualizado.

No obstante, se regresó por una cantidad muy baja, de más de millón de pesos, cuando el inmueble tenía una ubicación envidiable.

Pues incluso, una persona se podía comprar en 2011 un departamento de 80 metros, en un millón de pesos, pero no una casa de esas características.

Entonces da pauta al "sospechosísimo", no suena lógico que un inmueble de ese tamaño, ubicado en ese lugar cueste un millón de pesos, porque evidentemente habrá muchas posibilidades para obtener un beneficio después de eso.

"Hubo un contrato de compraventa. Si estuviera afectado de cualquier nulidad, seria relativa, no absoluta; es decir, el contrato de compra venta existió porque estuvieron de acuerdo en el precio y en la cosa, no había falta de voluntad, no había falta de objeto, que serían los únicos elementos que hubieran dado pauta a una nulidad, a una inexistencia a una nulidad absoluta", señaló el especialista en derecho Administrativo.

"El contrato tiene validez. Nunca fue cuestionado, nadie lo llevo nunca a un juicio, a un juez para que le dijera: este contrato no vale. Nadie lo llevó nunca. Y ahorita están queriendo decir que no existió, que no valió, que nunca fue, pero estuvo 24 años sí lo fue: de 1987 hasta el 2011".

Márquez Rábago manifestó que se debe revisar si las actuaciones de los funcionarios que participaron en el convenio se apegaron o no a la normatividad interna, determinar su legalidad, si quien firmó la rescisión del contrato no estaba autorizado para ello.

"Habría probables responsabilidades por irregularidades. Habría responsabilidades de servidores públicos y podrían ser de tipo civil, penal, administrativa".

Gabriel Reyes, presidente de Transparencia Nacional, añadió que no se necesitan las escrituras para que se pudiera articular la posesión de un inmueble, porque ya estaba dentro del patrimonio.

"Cuando el vendedor original incumplió sus obligaciones a no presentarse con un notario y exigir que se cubrirá el pago, lo que procedió fue el otorgamiento a favor del gobierno de la ciudad, pero luego, de manera irregular, porque no se dio un proceso de desincorporación de un bien de un bien inmueble con las personas facultadas para ello, se regresó al vendedor", enfatizó.

Transparencia Nacional corrobora cómo prescribió el contrato y verificará si el dueño cubrió las contribuciones correspondientes y además saber a dónde se destinó el recurso que pagó para que se concluyera la compraventa.

"Vamos a integrar el expediente formal requiriendo al gobierno las copias certificadas para poner en manos de las autoridades correspondientes las conclusiones y dictámenes que va a laborar transparencia nacional en el orden civil penal y administrativo", expuso.

Milenio dio a conocer que una investigación realizada por el GDF sobre el inmueble indica que hubo irregularidades en la terminación del contrato de compraventa y que la transferencia de propiedad entre Jorge Saldaña y el Gobierno del DF se concluyó, como lo establece el Código Civil, aún y cuando el precio de venta no se había cubierto en su totalidad.