Demanda PAN a SFP investigar licitación de IAVE

El diputado Juan Pablo Adame pide se investigue el posible hechos de corrupción en la licitación pública, al denunciar que no se atendieron las recomendaciones de la testigo social.
Tomada de Twitter / @JuanPabloAdame
Tomada de Twitter / @JuanPabloAdame

Ciudad de México

Como lo adelanto Milenio ayer, la diputación panista presentó a la Comisión Permanente un punto de acuerdo para demandar al titular en funciones de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas, que investigue posible hechos de corrupción en la licitación pública concedida a los nuevos operadores de la tarjeta IAVE, al denunciar que no se atendieron las recomendaciones de la testigo social y se favoreció a empresarios cercanos al Grupo Atlacomulco.

“Estamos frente a un posible caso de actos de corrupción que afectan la normalidad del servicio de las tarjetas de telepeaje en perjuicio de los mexicanos,  y ante el daño al patrimonio del Estado mexicano”, expuso el diputado Juan Pablo Adame, en el punto agendado en la Gaceta de hoy y turnado a comisiones.

De acuerdo al secretario de la Comisión de Comunicaciones, no sobra destacar que el propietario de la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V., a la que fue adjudicada la licitación, es Roberto Alcántara, empresario del Estado de México y cercano al grupo de poder conocido como Atlacomulco, “y  pareciera que la licitación favoreció a esta empresa de forma discrecional y alejada de la ley”.

En el punto de acuerdo, turnado a comisiones, se pide que la Función Pública investigue la licitación LA-009JOU001-T5-2014 para la administración y renovación de suministros de telepeaje “IAVE” e informe a la Permanente sobre los resultados de la misma.

Durante la sesión de apenas 10 minutos, quedó presentado el punto de acuerdo en el que en nombre de su bancada, Adame Alemán refiere que el pasado viernes 1 de agosto entró en vigor el nuevo contrato de Caminos y Puentes Federales con la empresa  Impulsora de Servicios Terrestres, S.A de C.V. para brindar los servicios de telepeaje y de la tarjeta IAVE.

Lo que ha originado “un verdadero caos en las casetas operadas por CAPUFE en las principales carreteras del país en perjuicio de no sólo miles, sino de hasta millones de mexicanos que necesitan transportarse a diferentes puntos o lugares de la República”.

Sobre todo en este periodo vacacional de verano, en el que no existió una planeación adecuada para el cambio de dichas tarjetas de telepeaje y no se avisó a tiempo a los usuarios de las carreteras.

“Aunado a esta mala planeación, se suma algo de la mayor gravedad: En la licitación con número No. LA-009JOU001-T5-2014 para este servicio, CAPUFE no atendió debidamente las recomendaciones hechas por la testigo social designada por la Secretaría de la Función Pública, Mónica María Rosario Rivera”.

Recordó que entre otras anotaciones,  la testigo concluyó que una vez revisada la documentación varia de las proposiciones presentadas por las agrupaciones licitantes, y analizado el anexo de más de 300 páginas del acta correspondiente a la celebración del acto de fallo, así como aspectos de la convocatoria y de las disposiciones que rigen las contrataciones públicas, entre otros documentos, hay duda razonada de la transparencia en esta parte del procedimiento.

La testigo dijo apreciar “posibles irregularidades en los resultados de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes, llevada a cabo por los servidores públicos de las áreas responsables de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, que implican incumplimiento de las normas que rigen la contratación pública, entre otros ordenamientos y la desigualdad de oportunidades para los participantes".

También dejó en claro que existe duda razonable sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. y que CAPUFE no verificó, ni constató el cumplimiento de dichas obligaciones con el Sistema de Administración Tributaria en tiempo.

El legislador planteó que cabe preguntarse ¿por qué el apremio para el cambio del sistema de telepeaje por parte de CAPUFE sin haber realizado una campaña previa de información a todos los usuarios de este sistema? Y ¿Por qué esperar hasta un día antes del cambio de este sistema para advertir a los ciudadanos sobre estas modificaciones? ¿Por qué no se realizó la instrumentación de esta política en otro momento sin generar perjuicios a los automovilistas al transitar por las casetas de cobro?”

El diputado albiazul concluyó que “estamos frente a un posible caso de actos de corrupción que afectan la normalidad del servicio de las tarjetas de telepeaje en perjuicio de los mexicanos,  y ante el daño al patrimonio del Estado mexicano”.