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Domingo , 23.09.2018 / 13:39 Hoy

Candidaturas electorales contra los derechos de las mujeres

Tres coaliciones políticas llegarán a la jornada electoral del 1 de julio haciendo de lado los derechos de las mujeres de sus agendas partidarias.

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Divididos en tres coaliciones, el 14 de diciembre los nueve partidos políticos nacionales comenzaron las precampañas rechazando abiertamente los derechos de las mujeres como el aborto y derechos de los grupos de la diversidad sexual como el matrimonio igualitario.

En prácticamente tres semanas de campañas presuntamente internas, se han escuchado escasas propuestas y solo algunas menciones a las mujeres, resaltando las cualidades femeninas y señalándolas como clave de la prosperidad y la historia; sin embargo, lo que ha sido evidente es el rechazo de los partidos a temas como el aborto.

COALICIONES SIN IDEOLOGÍA

Desde la conformación de las coaliciones algunos grupos feministas y lésbico-gay llamaron la atención sobre la integración de ideologías totalmente opuestas que solo se unían para abanderar una candidatura presidencial.

Por ejemplo, la coalición Por México al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), suman una visión conservadora y otra progresista sobre los derechos de las mujeres.

En agosto pasado, ante las críticas sobre la conformación de este Frente, la secretaria de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la senadora perredista Angélica de la Peña y la senadora panista Marcela Torres Peibert, pidieron a los líderes de sus partidos incluir a las militantes en las mesas de negociaciones, porque aseguraran que tenían coincidencias en sus agendas de género.

Como muestra de lo contrario, en el legislativo las panistas se han caracterizado por manifestarse contra la interrupción voluntaria del embarazo y de los matrimonios igualitarios; mientras que las perredistas han promovido políticas a favor de ambos temas o para apoyar a víctimas de violación sexual y para aligerar las cargas domésticas de las mujeres.

Una forma de promover la agenda panista se concretó en febrero de 2014 cuando el Senado aprobó crear la comisión ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano, presidida por el blanquiazul José María Martínez y creada para promover la integración familiar, principalmente.

Otra coalición que generó suspicacias fue Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). Esto porque los dos primeros se dicen de izquierda —aunque Morena siempre ha estado a favor de enviar a consulta pública los temas polémicos—, mientras que el PES ha promovido una agenda conservadora, allegada a grupos eclesiásticos y particularmente “provida”.

Tan solo en 2016 las y los diputados del PES hicieron suya la iniciativa del Frente Nacional de Defensa de la Familia para modificar el artículo 4 de la Constitución para “proteger la vida desde la fecundación” y definir “la esencia heterosexual del matrimonio”, lo que para grupos feministas era un paso para limitar la maternidad libre y voluntaria.

El historial de los aliados de Morena hizo que la Secretaría de la Diversidad Sexual del partido de López Obrador y las simpatizantes Jesusa Rodríguez y Elena Poniatowska mostraran su rechazo a la alianza con el PES.

Por su parte, la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), que han ido juntos en otros procesos electorales federales, están divididos, porque algunas veces apoyan las propuestas de género, pero en otras ocasiones las rechazan.

PARIDAD, TEMA EN COMÚN

El único tema en el que todos los partidos han mostrado coincidencia es en fomentar la participación política de las mujeres. La plataforma electoral de la coalición Juntos Haremos Historia dice que considerará en todo su proyecto de nación el principio de equidad de género y Por México al Frente señala que eliminará toda forma de violencia política contra la mujer e impulsará que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.

Estas posiciones las han reafirmado los hasta hoy precandidatos. En noviembre pasado el panista Ricardo Anaya dijo que se debían empujar acciones afirmativas “para lograr la verdadera paridad”. Un mes después, en diciembre, el candidato priista José Antonio Meade dijo que tenía que haber paridad de género en los cargos públicos, los negocios y todos los ámbitos.

También en diciembre, Andrés Manuel López Obrador presentó su propuesta de gabinete en la que incluyó a ocho mujeres y ocho hombres que eventualmente encabezarían las secretarías de Estado.

Si bien públicamente todos los partidos han apoyado la paridad de género en candidaturas, en su afán por evitar que las mujeres compitan por cargos de representación proporcional, en 2017 tres partidos (PES, PT, PVEM) políticos impugnaron un acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que promovía la paridad, legislada como principio constitucional desde 2014.

En el acuerdo determinó que la mitad de las candidaturas para las senadurías por voto directo debían ser para las mujeres y que las listas se intercalarían por fórmulas de ambos sexos. En el caso de las senadurías de representación proporcional el organismo dijo que también debían estar encabezadas por mujeres para garantizar que sean las primeras en obtener un escaño por asignación.

En el caso de las diputaciones federales de representación proporcional el INE señaló que por lo menos dos de las cinco listas de candidaturas debían ser encabezadas por una fórmula ya sea de mujeres o de varones.

Al conocer los criterios los partidos alegaron que el acuerdo del INE excedía sus facultades reglamentarias y vulneraba el principio de autorregulación y autodeterminación de los partidos, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo.

Así en estas elecciones, donde también se renovará el Senado, la Cámara de Diputados, se elegirán ocho gobernadores, un jefe de gobierno, diputados locales e integrantes de ayuntamiento, se espera un incremento de la presencia femenina en los gobiernos y en los Congresos locales.

De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, de forma general, las mujeres han pasado de ser 3.5 por ciento de presidentas municipales y jefas delegacionales en 2005, a 14 por ciento en 2017, lo que quiere decir que en 12 años la cifra aumentó 400 por ciento; en ámbito legislativo federal hay 42 por ciento de diputadas y 36 por ciento de senadoras, y en los Congresos locales representan 42 por ciento.

Cimacnoticias: Periodismo con perspectiva de género

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