Blindan Ley de Participación contra 'poderes fácticos'

Para evitar que partidos políticos o grupos fácticos con la suma de sus integrantes o con la compra de votos, desituyan a un servidor público, diputados establecieron el porcentaje para la revocación.

Monterrey

El 40 por ciento de la lista nominal que se requeriría para revocar el mandato al gobernador, alcaldes y diputados, es para evitar que "poderes fácticos" o partidos tumben a funcionarios electos, coincidieron integrantes de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Los diputados del PAN y PRI, Arturo Salinas y Héctor García, así como la legisladora de Movimiento Ciudadano, Concepción Landa, afirmaron que el 40 por ciento es una cifra "alcanzable" para retirar del cargo a aquellos servidores públicos electos que no funcionan.

Héctor García, presidente de la comisión de Legislación, indicó que no se eligió un porcentaje menor, debido a que la suma de los partidos políticos como PAN y PRI podrían llegar a tumbar a un funcionario con su voto duro.

"Lo que tenemos que cuidar nosotros es que sea un ejercicio ciudadano de repudio precisamente para mandar a alguien a la calle y no que estuviera dentro de las manos de los partidos políticos o de grupos fácticos que pueden manejar con un porcentaje menor, incluso por qué no decirlo, la compra de votos", indicó el legislador priista.

Concepción Landa, presidenta de la comisión de Gobernación, afirmó a su vez, que los porcentajes establecidos en la Ley de Participación Ciudadana para aplicar la revocación de mandato no son "una misión imposible".

La legisladora de Movimiento Ciudadano manifestó que se trata de una figura a la que se le debe tener respeto, toda vez que a través de ella la ciudadanía tiene la opción de inconformarse por el actuar de los gobernantes.

"Es todo un proceso de inconformidad total de la sociedad ante un gobernante, entonces vamos a decir que es como la versión muy moderna o muy civilizada de un Golpe de Estado, donde la sociedad se levanta en contra de un mal gobierno", apuntó.

Arturo Salinas Garza, coordinador de la bancada del PAN, a su vez comentó que el porcentaje que se estableció para revocar el mandato a un funcionario es además para evitar que en la entidad haya "ingobernablidad".

Afirmó que en el caso del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, la figura pudo haber funcionado.

"A mí me parece que la revocación debe de ser un rechazo ciudadano generalizado, porque si no, cualquiera que haya votado en contra de alguien, cualquier partido político o cualquier grupo de ciudadanos organizados podría tumbar a alguien que una mayoría lo eligió", comentó.

El legislador panista indicó que la figura busca evitar que los funcionarios sigan en sus puestos realizando "raterías o tropelías".

"Se trata de casos de rechazo, la revocación de mandato no son cobros de cuentas, no son instrumentos que se hacen para que haya un revanchismo político entre grupos entre unos y otros, se hace para que haya sinceramente y de manera objetiva un instrumento en el cual un mal funcionario, por un rechazo generalizado de la ciudadanía, se vaya", expusó.

Los tres integrantes del Congreso coincidieron en que buscarán que la reforma constitucional se apruebe a la brevedad.

La revocación de mandato es una figura incluida dentro de la Ley de Participación Ciudadana aprobada hace unos días en las comisiones de Gobernación y Legislación.

Se espera que la próxima semana la iniciativa sea llevada al Pleno para su análisis y probable votación.

La iniciativa incluye a su vez figuras la consulta popular, consulta ciudadana, iniciativa popular, audiencia pública, presupuesto participativo, así como contralorías sociales, consejos consultivos ciudadanos, asambleas ciudadanas y comités ciudadanos.