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Domingo , 16.12.2018 / 04:40 Hoy

Avalan ley para regulación de servicios de protección

Las personas que no sean servidores públicos y busquen protección, deberán pagar por el servicio de custodia.
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Tras ignorar los señalamientos del PRI y algunos diputados del PAN, el Congreso del Estado de Jalisco avaló la creación de una ley para regular la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas. 

La protección con cargo al erario público serán para el gobernador, secretarios de gobierno, alcaldes, y funcionarios públicos que ejerzan el mando de cuerpos de seguridad pública estatal y municipal. 

Sin embargo, las personas que no sean servidores públicos y busquen protección, deberán pagar por el servicio de custodia, para lo cual se establecerán tarifas en la ley de ingresos. 

Durante la sesión, se cuestionó el que en el dictamen aprobado se mantenga un recuadro donde se expone el número máximo de escoltas que le permitirán a cada funcionario. 

“Se me hace gravísimo porque en el Estado tan violento que vivimos es muy fácil que la delincuencia organizada vea cuántas personas te protegen, te están cuidando y seguramente pueden sufrir un atentado con el triple de personas de la delincuencia organizada“, externó Mariana Fernández Ramírez, coordinadora de la fracción del PRI. 

Por su parte, el diputado del PAN, José de Jesús Hurtado Flores, coincidió con lo expuesto por la legisladora priista. 

“Por razones de seguridad nacional y estatal no son temas que se deban publicar, me parece que sí debe estar ciertamente regulado y establecido, pero no publicado”. Por lo tanto, sugirió que no se exhibiera el recuadro dentro del documento. 

Mariana Fernández sostuvo que Jalisco tiene antecedentes violentos y recordó que varios funcionarios han sido asesinados. 

Dijo que “no le gustaría” que por un tema mediático se exponga la vida de los ex funcionarios. 

“De este Estado nace un cártel (el CJNG) que opera en más de ocho estados, entonces yo sí pediría la secrecía del número, sí un mínimo pero el número que no lo decidamos desde el Poder Legislativo”, destacó. 

En tanto, Enrique Velázquez -presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia- defendió el proyecto e insistió que no se cuenta con la información necesaria de cuantos policías reguardan la seguridad de los funcionarios. 

“En el dictamen se plantea lo mínimo, pero en caso de que requiera más personal el Comité lo va a revisar porque no se pretende en poner en riesgo la vida de ningún funcionario o ex funcionario”, dijo. 

El documento establece que se creará el Programa de Protección a Sujetos en Riesgo y el Servicio de Protección Estatal, organismo que será el responsable de elaborar el Padrón Estatal de Escoltas y los dictámenes técnicos que determinarán “si existe amenaza o hechos reales que hagan suponer que la integridad de la persona corre peligro”. 

Las determinaciones tendrán que ser avaladas por el Consejo Estatal de Seguridad. 

El dictamen establecerá el número de guardaespaldas por cargo y los vehículos blindados asignados. 

Por tanto, en el documento aprobado establece que el gobernador tendrá asignados 10 escoltas y 2 vehículos blindados al igual el fiscal; el Comisario de Seguridad Pública tendrá 8 guardaespaldas y 2 vehículos blindados; el secretario general de gobierno contará con 2 escoltas y un vehículo blindado. 

En la lista de funcionarios que tendrán escoltas son fiscales, el presidente Supremo Tribunal de Justicia, entre otros. 

Cuando dejen los puestos públicos los escoltas protegerán a los funcionarios por el mismo tiempo en el que ocuparon el cargo, siempre y cuando “continúe la situación de riesgo”. 

El dictamen establece que el gobierno del estado deberá de elaborar un reglamento en un plazo no mayor a 30 días. 

Quienes ya cuentan con la protección de escoltas deberán pedir el dictamen técnico y la declaratoria de protección a los 30 días de que la ley entre en vigor.

GPE

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