Diputados palomean reglas para suspender garantías

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones la ley por la que se determinan las condiciones para suspender las garantías individuales en el país.
En la Ciudad de México se deben hacer valer las condiciones de dignidad y decoro en las viviendas para personal de las fuerzas armadas que vive en la capital del país, previstas en la ley, planteó el diputado local Mauricio Toledo.
Los diputados aprobaron la ley en la que se establece las condiciones para suspender derechos. (Cuartoscuro-Archivo)

Ciudad de México

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones la minuta enviada por el Senado que establece la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que entre otros aspectos prevé las condiciones y procedimientos para la suspensión temporal de derechos y garantías en algún lugar del país, donde el Presidente determine que se pone en riesgo la seguridad nacional.

La instancia legislativa sesionó la noche de ayer a puerta cerrada. En la reunión también se votó en sentido positivo la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos, así como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se prevé que las tres normas sean discutidas hoy en el pleno. 

El priista Armando Luna, quien preside dicha comisión, aseguró que con la aprobación de la minuta para reglamentar el artículo 29, pendiente desde 2012, se evitará la discrecionalidad en el momento de aplicar el Estado de excepción y descartó que se violen los derechos humanos o se pretenda militarizar el país.

El artículo 29 fue reformado en 2011 sin que hasta el momento haya una ley que lo reglamente y especifique las circunstancias y aspectos para su ejecución; establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarias de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la Republica —con aprobación del Congreso— podrá suspender en todo el país o en lugar determinado esas garantías.

Entre los puntos relevantes de la ley reglamentaria está el artículo 7, que relaciona los derechos que no son susceptibles de suspensión, pero dentro de ese listado no están incluidos los derechos humanos de los trabajadores ni el derecho humano al debido proceso, por lo que se entiende que en ambos casos pueden ser suspendidos.

Tampoco se especifica si quedan fuera de la ejecución del articulo 29 la libertad de manifestación y reunión, y si a pesar de ello un grupo de personas que acude a una manifestación es detenido en el acto se le tendrá que respetar el debido proceso, como ser presentado ante una autoridad competente, no ser incomunicado y contar con una defensa efectiva.