La Arquidiócesis de México demandó "modernizar" las relaciones entre Estado-iglesias, porque a 25 años de haberse reconocido su personalidad jurídica, la Ley de Asociaciones Religiosos esta "anquilosada" y a los ministros de culto se les ha etiquetado como ciudadanos de segunda y se les vulnera sus derechos humanos.
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En el semanario Desde la Fe en su editorial "Libertad Religiosa en moderna laicidad" , dijo que en México se vulneran los derechos humanos de los ministros de culto, ya que se les "somete a los ministros de culto para ponerlos en una condición infame y lesiva al prohibir su legítimo derecho de asociación.
Los absurdos preceptos, fruto prohibido de laicismo, consideran justo privar, a ciudadanos mexicanos que han optado por un ministerio, del derecho de opinión arrinconándolos y etiquetándolos más abajo que ciudadanos de segunda".
Para la Arquidiócesis de México el laicismo en el país es "hipócrita al atentar contra el justo derecho de los padres para que sus hijos reciban educación religiosa en las escuelas. Y es hipócrita porque la ideología de género y lobby gay pretenden introducir en las aulas ideas nocivas y contrarias a las convicciones de millones en desacuerdo con esta imposición ideológica. Efectivamente, en este país no existen garantías para lograr la educación integral y libre conforme al derecho de los padres de familia".
La legislación internacional, destaca ha reconocido a la cultura como parte del desarrollo individual y colectivo, y "nuestro patrimonio religioso es de los más ricos del mundo; sin embargo, en México hay gran peligro de destrucción de templos y lugares históricos arrasados por el paso del tiempo y la mezquindad de funcionarios incapaces de aplicar los recursos necesarios para salvar esta riqueza cultural. Mientras el presupuesto se dilapida en fiestas y gastos burocráticos inútiles, las iglesias deben mendigar lo que justamente les corresponde para sostener los inmuebles propiedad de todos los mexicanos"
Las asociaciones religiosas "son privadas del derecho de adquirir medios de comunicación cayendo en la misma simulación que se pretendió acabar en 1992, además de subsistir la concesión de ridículos permisos municipales y federales para celebrar actos de culto público en las calles. Todo esto limita el derecho de libre difusión de las ideas".
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Por eso a 25 años de aquellas reformas, considera el semanario "el panorama está listo para debatir en los temas pendientes de libertad religiosa; sin embargo, la condición necesaria es el diálogo con legisladores y políticos convencidos del auténtico Estado laico. Sólo se dialoga con gente racional y capaz de aceptar el reconocimiento más amplio del derecho fundamental de libertad religiosa y sus implicaciones. Sentarse con laicistas energúmenos y fanáticos sería inútil y estéril".
JASR
