Leyes en transparencia y anticorrupción, logros del Congreso: Alonso Raya

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que con estas medidas, se cumplió el fortalecimiento del Estado mexicano en ambas materias.
El perredista Miguel Alonso Raya.
El perredista Miguel Alonso Raya. (Nelly Salas/Archivo)

Ciudad de México

El líder parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, definió la nueva Ley General de Transparencia, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción, como uno de los más importantes logros de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Sostuvo que la fracción perredista cumplió con ello uno de sus principales objetivos: fortalecer la capacidad del Estado Mexicano para promover la transparencia, la rendición de cuentas y un mejor uso de los recursos públicos, así como para combatir con mayor eficacia los altos niveles de corrupción que laceran al país.

Alonso Raya recordó que la Ley General de Transparencia aprobada por el Congreso de la Unión y que será promulgada por el Ejecutivo en las próximas horas, garantiza el acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

De igual forma obliga a rendir cuentas a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

El coordinador de los diputados federales del PRD subrayó que el nuevo ordenamiento permitirá combatir con mayor eficacia la corrupción, que es percibida por los ciudadanos como el principal problema que enfrenta el país.

Dicha norma crea un nuevo Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales a nivel federal y local, además de una Plataforma Nacional de Transparencia que se articula y vincula con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Además, establece que servidores públicos de los tres poderes y de los órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos están obligados a documentar todos sus actos de autoridad debidamente fundamentados y motivados y prohíbe clasificar como reservada la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Finalmente prevé la promoción, el fomento y la difusión de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.