Analiza el Senado Reformas a la Ley General de Víctimas

Cristina Díaz mencionó que la Comisión Ejecutiva podría proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común cuando el Estado lo solicite.

Monterrey

La senadora nuevoleonesa Cristina Díaz Salazar, presentó en el pleno de la Cámara Alta el dictamen del proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, informó desde la capital del país.

La legisladora priista señaló que se cuenta con una ley actualizada que atiende efectivamente la problemática de las víctimas.

Agregó que, además, ofrece herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas, con el fin de garantizar que las víctimas recuperen su proyecto de vida.

"Existen reglas claras como la obligación de las entidades federativas de crear fondos de ayuda específicos y hay un blindaje del cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de los estados por si fuera el caso de que sean omisos en la creación de las Comisiones Ejecutivas", destacó la representante popular.

En el caso de que hayan incumplido estarían sujetos a las sanciones de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como en ese espacio las secretarías generales de Gobierno sean las que asuman la responsabilidad de atención a las víctimas.

Díaz Salazar subrayó que con el nuevo instrumento jurídico se crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas, con lo cual desaparecen los comités con excepción del interdisciplinario evaluador, cuya función principal será elaborar los proyectos de reparación de daño.

"Esto contribuirá a eficientizar la investigación y la generación de política pública al concentrarse en una sola área", especificó la nuevoleonesa.

Agregó que fue ante el pleno del Senado de la República, donde les hizo saber a los legisladores que la Comisión Ejecutiva podrá proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subsidiaria a víctimas del fuero común cuando el Estado lo solicite, por no contar en el momento con la disponibilidad presupuestaria para su otorgamiento.

"Además, en armonía con el nuevo Sistema de Justicia Penal, se reforma la ley para fortalecer la actuación del asesor jurídico y otorgar a las víctimas el rol que le corresponde en la procuración e impartición de justicia garantizando el debido proceso en igualdad de condiciones y hacer valer los derechos de las víctimas", concluyó.

KSC