Corte niega tres amparos contra evaluación docente

El ministro Fernando Franco González explicó que la reforma educativa no transgrede la garantía de la libertad de trabajo, únicamente se establece como condición de permanencia aprobar los exámenes.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ministro ponente, Fernando Franco González Salas, dijo que los derechos a los que aludieron los quejosos no están previstos en alguna disposición constitucional. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

Luego de cinco sesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó negar tres amparos interpuestos contra la reforma educativa, demandas que impugnaban principalmente la evaluación de los docentes al servicio del Estado y el derecho laboral.

El fallo de la Corte contra las tres demandas de garantías derivó del estudio al juicio 295/2014, cuyo análisis comenzó la semana pasada y que sirvió de base para pronunciarse en el mismo sentido en los litigios 311/2014 y 317/2014.

Durante la sesión de este lunes, por unanimidad, el Pleno de la Corte rechazó que los artículos 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en relación con sus artículos Octavo y Noveno Transitorios, violen el derecho al trabajo.

El ministro ponente, Fernando Franco González Salas, explicó que los preceptos no transgreden la garantía de la libertad de trabajo prevista en el artículo 5 constitucional, porque de su contenido no se advierte que impidan a los docentes dedicarse a la labor que decidan, sino que únicamente se establece como condición de permanencia la obtención de resultados favorables en las evaluaciones que practique el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Indicó que el hecho de que por virtud del resultado de esas evaluaciones puedan ser separados del cargo (tratándose de los docentes que a la entrada en vigor de las normas impugnadas tuvieran un nombramiento provisional), o bien que puedan ser readscritos a otras áreas (tratándose de docentes con nombramiento definitivo), por no reunir un requisito de permanencia como lo es el aprobar una evaluación, tampoco contraviene el citado artículo constitucional.

El ministro Franco comentó que los quejosos también alegaron que la definición de las condiciones de trabajo, en específico los temas de evaluación y permanencia, se realizan de manera unilateral por el patrón.

Asimismo, reclamaron la separación del servicio cuando la evaluación sea desfavorable, sin que se permita la participación del sindicato en defensa de los intereses del docente y sin que previamente se levante el acta administrativa a que se refiere la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Sin embargo, los ministros no entraron al fondo de este último agravio esgrimido por los demandantes.

González Salas señaló que los derechos a que aludió la parte quejosa, no se encuentran previstos en alguna disposición constitucional "sino que pretenden derivarlos –aunque no lo señale expresamente así– la quejosa del contenido de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuyos numerales 46 bis, 87, 88 y 89, prevén que para las fijación de las condiciones generales de trabajo por parte del titular de cada dependencia, deberá tomarse en cuenta la opinión del sindicato, quien en su caso, podría presentar objeciones ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje".

Los demandantes, agregó el ministro proyectista, lo que realmente pretenden es confrontar el contenido de dos normas secundarias, esto es, las contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente frente a las previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

Al respecto, la ministra Margarita Luna Ramos señaló que no son condiciones de trabajo, sino son requisitos de permanencia establecidos en la Ley General de Servicio Profesional Docente que hace la diferencia totalmente a lo que es una condición general de trabajo.

"Por otro lado, la falta de participación del sindicato en su elaboración, si son normas desde mi punto de vista y entiendo que no es el criterio mayoritario de carácter administrativo y son requisitos de permanencia, no tiene por qué existir la intervención del sindicato; y, por último, la falta de acta administrativa, en mi opinión, tampoco tiene que ser en función de lo establecido por el artículo 46 de la Ley Burocrática, sino en todo caso, es una determinación que se establece en el momento en que no llega a darse los requisitos de pasar el examen o de llevar a cabo la regularización o de someterse a ellos, en mi opinión, no hay necesidad de levantamiento de esta acta, porque no es un procedimiento laboral sino es un procedimiento administrativo", agregó Luna Ramos.