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Viernes , 21.09.2018 / 20:21 Hoy

Amnistía: la impunidad sigue siendo la norma en México

En su informe anual sobre derechos humanos, AI refiere que en el país los autores de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada siguen gozando de una impunidad casi absoluta.

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La impunidad en violaciones graves de derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales continúan siendo una práctica en México, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en el mundo.

En su apartado sobre México señala que las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo una práctica generalizada.

“Al terminar el año, el gobierno informó de que 27.638 personas (20.203 hombres y 7.435 mujeres) se hallaban en paradero desconocido, pero no especificó cuántas de ellas habían sido sometidas a desaparición forzada. La impunidad por esos crímenes seguía siendo casi absoluta”, puntualiza.

El informe destaca que durante el año pasado la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados en el desempeño de los agentes de investigación y los encargados de hacer cumplir la ley, y apenas se avanzó en su erradicación.

“Las autoridades negaban la magnitud del problema, mientras persistían las denuncias de tortura tanto en el ámbito federal como estatal. Además como en años anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la PGR para supuestos de posible tortura y había más de mil 600 peticiones pendientes”.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, dice que los autores seguían gozando de una impunidad casi absoluta.

“Por segundo año consecutivo, las autoridades no publicaron estadísticas sobre la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada”, señala el informe.

Respecto a las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas armadas y la policía explica que seguían siendo habituales, especialmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, donde se llevaban a cabo grandes operaciones de seguridad.

“Aunque se desplegaron menos soldados en operaciones destinadas a hacer cumplir la ley, se siguieron atribuyendo numerosas violaciones de derechos humanos a las fuerzas armadas”.

Amnistía también alertó sobre la violencia relacionada con la delincuencia organizada, que seguía siendo motivo de honda preocupación.

“A pesar de que las cifras oficiales informaban de un ligero incremento en el número de homicidios, que pasó de 35.930 entre enero y diciembre de 2014 a 33.017 entre enero y noviembre de 2015, dichas cifras combinaban los homicidios no premeditados y los asesinatos, obviando el hecho de que la cifra media mensual de asesinatos había aumentado”.

Además, refiere que continuaban las amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Otro punto de alerta es la cifra de detenciones, expulsiones y denuncias de abusos contra personas migrantes en situación irregular a manos de las autoridades que aumentó considerablemente.

“Las personas migrantes y solicitantes de asilo que atravesaban México continuaban siendo víctimas de secuestros colectivos, extorsión, desapariciones y otros abusos a manos de grupos de delincuencia organizada, que a menudo actuaban en connivencia con agentes estatales”.

El documento explica que la violencia contra las mujeres seguía siendo generalizada. La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo endémica, e incluía homicidios, secuestros y violencia sexual.

Además, dice que se llevaban a cabo proyectos de desarrollo en gran escala y proyectos de explotación de los recursos naturales sin contar con un marco jurídico sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas.

Por último el informe señala que el gobierno reaccionó con dureza ante las críticas internacionales sobre su historial de derechos humanos.

“En marzo se cuestionó públicamente al relator especial de ONU sobre la tortura después de que publicara un informe que describía la tortura como una práctica generalizada en el país”.

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