Se alistan para evitar la destitución de Monreal

El pleno de la SCJN determinará si se cumple el fallo; la demarcación comienza una serie de acciones para indemnizar y restituir en su cargo a una empleada despedida injustificadamente en 2003.
Mientras se resuelve su situación, el jefe delegacional continuó con sus labores al frente de la demarcación.
Mientras se resuelve su situación, el jefe delegacional continuó con sus labores al frente de la demarcación. (Especial)

México

A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre el desacato contra una sentencia de amparo que le puede costar la destitución del cargo a Ricardo Monreal y, en consecuencia, su consignación, la delegación Cuauhtémoc inició los trámites para cumplir con el fallo judicial.

El juzgado octavo de distrito en materia de trabajo notificó al máximo tribunal de justicia del país que la demarcación comenzó una serie de acciones para tratar de indemnizar y restituir en su cargo a María Aurelia Morales, quien fue despedida de manera injustificada en 2003, durante la administración perredista de Virginia Jaramillo, ex empleada a quien se le adeudan salarios por 2 millones 400 mil pesos. La quejosa obtuvo un amparo en 2016.

El pasado 15 de noviembre, Monreal declaró que aguardará de manera tranquila la resolución de los ministros de la Corte, porque estaba fuera de su alcance el cumplimiento de los laudos y la creación de plazas para el personal de la demarcación que fue despedido de manera injusta en gestiones anteriores.

Sin embargo, el pasado 23 de noviembre, el juzgado señaló que la delegación Cuauhtémoc  informó que inició una serie de medidas “a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, documentales que se enviaron a la ponencia del ministro (José Ramón Cossío Díaz) que corresponde”, y quien este jueves tiene previsto presentar un proyecto sobre el tema.

“Téngase a las mencionadas autoridades informando las gestiones efectuadas con el objeto de acatar la ejecutoria”, detalla el acuerdo de esa fecha.

Este miércoles, el juzgado envió un nuevo oficio a la Corte sobre las acciones emprendidas por las autoridades delegacionales para dar cumplimiento al fallo.

Hoy, en la sesión del pleno de la Suprema Corte, el ministro Cossío Díaz deberá determinar si Monreal está o no acatando el fallo protector a favor de la ex trabajadora.

En días pasados, el jefe delegacional manifestó que mientras el gobierno central no autorizara la creación de la plaza no había manera de restituir a la quejosa en su puesto, por lo que solicitó a la Asamblea Legislativa otorgar recursos suficientes a las demarcaciones para cumplir con las sentencias emitidas.

“Vendrán 10 delegados y tendrán que ser sustituidos, porque no hay dinero para pagar ni para crear plazas.

“La resolución emitida en 2009 señala que se reinstale a la trabajadora que fue despedida, pero la delegación no tiene facultades para contratar ni para crear plazas. Cuando recibo el requerimiento (derivado de un juicio de amparo) en 2016, solicito al gobierno central la plaza.

“Tenemos muchos oficios donde solicitamos a la Subsecretaría de Administración y Capital Humano crear, autorizar la plaza, porque los delegados no tenemos ni siquiera esa capacidad”, comentó el jefe delegacional.

Ricardo Monreal indicó en esa ocasión que la demarcación debe 35 millones de pesos en siete laudos, y advirtió que existen 25 situaciones similares a la que discutirá la Corte, las cuales tienen que ver con administraciones pasadas.

“SI ME INHABILITAN, ME HARÍAN UN FAVOR”

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró que no tiene temor y se encuentra pacientemente a la espera de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al pago de salarios caídos y prestaciones de una ex trabajadora de la demarcación.

En entrevista el martes pasado en la Asamblea Legislativa, dijo que los ministros “quizá hasta me hacen un favor aunque me inhabiliten 20 años”; sin embargo, dijo que lo calificará como una injusticia, por lo que deben entender a fondo la administración de la capital.

“Es un error de la Corte cargarle al delegado sin vincular a los otros funcionarios. Es un tema de fondo porque creen que una demarcación es similar a un ayuntamiento y están totalmente equivocados”, expresó.

Explicó que en laudos la demarcación debe 48 millones de pesos, pero a la ex trabajadora le corresponden 2 o 3, así como la reinstalación como coordinadora de Proyecto.

“Demanda una plaza que ya no existe. Quien la crea es el gobierno central, quien la paga es la Secretaria de Finanzas, y quien la autoriza es la Consejería Jurídica de Ciudad de México”, expuso.

Con información de Cinthya Stettin/México.