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Alistan amparo para indemnizar a Avispones

En 2014, los jóvenes regresaban a Chilpancingo luego de jugar, pero en el camino fueron atacados por hombres vestidos de negro dejando como saldo un futbolista muerto.
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Cinco jugadores del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo y 16 de sus familiares están a punto de recibir un amparo que les permitirá tener una justa indemnización y reparación integral del daño, tras ser víctimas de los ataques que se suscitaron en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las víctimas formaban parte de un equipo de la tercera división y el día de los sucesos fueron a Iguala a jugar contra el equipo de Las Iguanas; cuando regresaban a Chilpancingo, por la madrugada, fueron atacados por hombres vestidos de negro lo que provocó que el conductor perdiera el control del autobús y se impactó contra un alud de tierra. 

Los adolescentes gritaron a sus agresores que eran jugadores, pero los delincuentes continuaron disparando. En el incidente, un futbolista perdió la vida.

Los ministros Eduardo Medina Mora y Alberto Pérez Dayán tienen previsto presentar esta semana dos proyectos de sentencia a sus homólogos de la Segunda Sala donde proponen amparar a los quejosos y dejar sin efecto la resolución del 11 de octubre de 2016 dictada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Bajo la ponencia de Medina Mora, en el amparo en revisión 390/2018, se menciona que la CEAV aprobó para las víctimas directas, identificadas como Mario Antonio “N”, Félix “N”, Omar “N” y Felipe Eduardo “N”, la cantidad de 3 mil 500 dólares para cada uno, sólo por lo que hace al daño físico que sufrieron; dicho monto, al tipo de cambio del 11 de octubre de 2016 era de 18.87 pesos; el equivalente, con cargo a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral fue de 66 mil 75 pesos por persona.


La CEAV basó su resolución en el caso Nadege Dorzema y otros contra República Dominicana; la comisión consideró que a los cuatro jugadores debía de pagárseles exactamente la misma cantidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó a las víctimas en aquel caso.

Medina cuestionó el proceder de la CEAV, porque renunció "a la obligación de examinar la cuantificación del daño físico de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso”.

Por su parte, en el amparo en revisión 283/2018, promovido por Norma “N” a favor de su menor hijo, el ministro Pérez Dayán estimó que la mera aplicación de la jurisprudencia interamericana (caso Nadege Dorzema) y la condena por los mismos montos indemnizatorios que se establecen en ella, en dólares, es del todo insuficiente e inapropiada para individualizar el daño físico que deba otorgarse a las víctimas del delito, pues tal cuantificación debe atender a factores que permitan ponderar las circunstancias específicas del caso; por ello, calificó de ilegal la determinación de la comisión.

Pérez Dayán explica que la cuantificación del daño físico generado a las víctimas de delitos, no debe basarse en un ejercicio de comparación con casos similares, sino más bien, “en la apreciación prudente y equitativa de las circunstancias particulares, pues son éstas las que permiten que el monto a indemnizar responda, efectivamente, a la proporcionalidad de los daños físicos que en el caso específico deparó el delito”.

En ambos casos, los ministros proponen dejar sin efecto la resolución de la comisión y coinciden en manifestar que no basta indemnizar, sino en lograr la integra reparación del daño generado por el delito.

En caso de concederse los amparos, la CEAV deberá integrar debidamente el expediente de las víctimas, volver a cuantificar el pago de daños físicos y morales, y fijar en equidad una compensación en dinero por concepto de gastos de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación, no solo para las víctimas directas, sino también para las indirectas.

De acuerdo con información del gobierno federal, en el caso Iguala las fuerzas federales han invertido 126 millones 118 mil 720 pesos para tratar de dar con el paradero de los estudiantes, indagatoria donde han participado más de mil 450 servidores públicos de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Marina y la Policía Federal. Además, se han gastado 3 millones 948 mil 263 en adquisición de tecnología de punta.



IRH

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