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Domingo , 23.09.2018 / 19:42 Hoy

Alerta el Senado de rezagos en cambio de sistema penal

A 100 días de que venza el plazo constitucional, pide esfuerzo de los tres poderes del Estado.

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A tres meses de que venza el plazo establecido en la reforma constitucional en materia de justicia penal, el 18 de junio, todavía está pendiente la aprobación de dos ordenamientos fundamentales: la ley nacional de ejecución penal y la ley nacional de justicia para adolescentes.

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado destaca en una investigación que la transformación de la justicia penal en México es uno de los grandes pendientes nacionales, cuya conclusión exitosa requiere el esfuerzo coordinado de los tres poderes del Estado.

En el documento "Pendientes de la justicia penal a 100 días de vencer el plazo constitucional" indica que ambas áreas son fundamentales, pero poco advertidas.

Resalta que son sectores que requieren mayor atención del Congreso de la Unión, a fin de dotar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal —jueces, agentes del ministerio público, defensores de oficio, peritos, abogados litigantes y policías— de las normas jurídicas que les otorguen certeza y seguridad jurídica en su actuar.

Los investigadores de este instituto señalan que otras áreas poco atendidas son: la adecuación del amparo penal, la reforma policial, la incorporación de la jurisprudencia en la materia, la capacitación de la abogacía y la revisión del régimen de delincuencia organizada.

Explican que la reglamentación de la ley secundaria en materia de ejecución penal debe atender un requerimiento nodal de la reforma, lo relativo a la ejecución de la sentencia.

Además, refirieron que permitirá que las personas privadas de su libertad por la comisión de un delito no se vean vulneradas por el abuso de autoridad, como ocurre en el actual régimen penitenciario.

El documento detalla que una de las principales temáticas que debe atender esta legislación es el establecimiento de las normas a seguir durante el internamiento por prisión preventiva.

Aquí cabe señalar que buena parte de la población penitenciaria en México se encuentra internada de esta manera, es decir, no ha sido juzgada y no tienen sentencia (51 por ciento por delitos del fuero federal y 39 por ciento por delitos del fuero común).

El texto refiere que la justicia para adolescentes es uno de los temas más complejos en relación con la reforma constitucional en materia penal.

Subraya que la urgencia de emitir la ley nacional en la materia se debe a la necesidad de contar con un marco actualizado y constitucional que regule el mismo proceso en el país y evitar contradicción en las leyes locales.

Resalta que en 2014 casi 45 mil adolescentes eran investigados por delitos del fuero común; de este total, 72 por ciento bajo el sistema inquisitivo-mixto y 23 por ciento conforme al nuevo sistema acusatorio oral.

Es decir, siete de cada diez casos se atendieron con el antiguo sistema de justicia, lo que implica que a la mayoría de los jóvenes se les priva total o parcialmente de los beneficios de la reforma de 2008.



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