Congreso solicita medidas de seguridad para alcaldes

Legisladores pidieron a Comisión Nacional de Seguridad que realice un análisis de riesgo e implemente medidas de seguridad para proteger a los alcaldes amenazados por el crimen organizado.
En los últimos 10 años fueron asesinados 80 funcionarios vinculados a la administración municipal.
En los últimos 10 años, 45 alcaldes han sido asesinados. (Cuartoscuro/Archivo)

Ciudad de México

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Comisión Nacional de Seguridad que realice un análisis de riesgo y tome las medidas de seguridad necesarias para proteger a los presidentes municipales amenazados por la delincuencia organizada.

Los legisladores condenaron los asesinatos de Domingo López y de Ambrosio Soto Duarte, alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas y Pungarabato, Guerrero, ocurridos el fin de semana y a propuesta de la senadora del PRD, Angélica de la Peña, aprobaron hacer un llamado al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales para que implemente acciones orientadas a la atención, prevención y persecución de las bandas que se han apoderado de territorios afectando flagrantemente el estado de derecho.

Clemente Castañeda, diputado de Movimiento Ciudadano dijo que de 2006 a la fecha, en México fue asesinado un promedio anual de ocho funcionarios municipales. 

En tanto, el senador del PRD, Zoé Robledo comentó que la violencia no es un fenómeno indígena ni cultural, sino político, por lo que “hay que reconocer que donde hay violencia ha fallado la política. Hay que ir por una política con más ética”.

Y agregó que no es válido decir que matarse entre ellos es parte de sus usos y costumbres.

Por ello, el legislador perredista propuso la creación de una Comisión Especial para la Investigación y Seguimiento de los Hechos Violentos en los municipios del país, pero no fue respaldada por sus pares.

De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) -organismo que reúne a 419 alcaldes de extracción panista, en los últimos 10 años fueron asesinados 79 funcionarios municipales de los que 40 eran alcaldes en funciones, 32 ex presidentes y siete no habían tomado posesión.


OVM