Agilizan la adquisición de 70 camionetas blindadas

Ordenan brindar seguridad a la familia de Bermúdez; se otorgará toda la asistencia que requieran, señala el Consejo de la Judicatura.
Los vehículos serían entregados primordialmente a  jueces federales del Estado de México, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.
Los vehículos serían entregados primordialmente a jueces federales del Estado de México, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

El Consejo de la Judicatura Federal agilizó la licitación para adquirir 70 camionetas blindadas para jueces y magistrados que realizan su labor en estados peligrosos.

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En septiembre pasado, el Poder Judicial de la Federación (PJF) convocó a una licitación pública nacional para adquirir 70 camionetas blindadas antes de que finalice 2016.

Se pretende que dichos vehículos sean entregados a jueces y magistrados federales adscritos al Estado de México, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, algunos de los cuales tienen en sus manos temas delicados, mientras que otros pertenecen a juzgados anexos a penales de máxima seguridad.

Por otra parte, el consejo ordenó brindar seguridad a la familia del juez Vicente Antonio Bermúdez, y se comprometió a otorgarles toda la asistencia que requieran en estos momentos.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, envió un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en el que mencionó que la pérdida de uno de sus compañeros los cimbra a todos, y que toman las medidas necesarias para que sus labores se lleven a cabo en un clima de seguridad.

El asesinato de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, ha propiciado una vez más la discusión entre juzgadores de si se debe o no reforzar su seguridad, porque saben que algunos de ellos han recibido amenazas este año.

En abril, trascendió que tres jueces de distrito fueron amenazados; uno de ellos en Jalisco, a quien le dejaron una corona de flores, con su nombre, afuera de su domicilio; el resto recibieron advertencias contra sus familias.

La situación más crítica contra los juzgadores del Poder Judicial de la Federación se presentó en 2008, cuando el Estado recrudeció su combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En el citado año, al menos 30 jueces y magistrados de los estados de México, Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas recibían apoyo permanente; además, había jueces que contaban con protección en Nuevo León, Distrito Federal y Sonora ante las amenazas directas de las que fueron objeto del crimen organizado.

Actualmente, hay jueces que cuentan con medidas de protección permanente, primordialmente los que están asignados a las cárceles de máxima seguridad, como medida de prevención, por los asuntos que tienen en sus manos.

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Funcionarios del Poder Judicial de la Federación han insistido en que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aplique las medidas necesarias para brindar protección a su personal, y en algunos casos cuenta con el apoyo de la propia Policía Federal.

Los principales apoyos que otorgan a los jueces que aceptan la protección son: vehículos blindados, chalecos antibalas, equipo de radiocomunicación y escoltas.


FLC