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Lunes , 22.10.2018 / 20:18 Hoy

Activistas piden a Peña aplicar ley de seguridad en Acapulco

El colectivo Parlamento de México pidió al Presidente emitir una declaratoria de seguridad interior en Acapulco, debido a que hay un alto número de homicidios y violencia en la región.

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El colectivo Parlamento de México, integrado por más de mil 200 jóvenes, pidió al presidente Enrique Peña Nieto emitir una declaratoria de seguridad interior en el municipio de Acapulco, con el fin de contener la violencia y garantizar la protección a los derechos humanos.

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Luego de promulgarla el 21 de diciembre, el Presidente aseguró que no se aplicaría esta ley hasta que la Suprema Corte validara su constitucionalidad, ante señalamientos de que vulnera los derechos humanos hechos por grupos de la sociedad civil y organismos internacionales.

Azeem Sánchez y Jonathan Bárcenas, quienes promovieron la petición el 11 de enero en la Oficialía de Partes de la Presidencia, consideraron que la ley debe aplicarse debido “a que las circunstancias han superado las capacidades de las autoridades locales” para hacer frente a la inseguridad.

Sánchez aseguró que “a principios de 2017 se declaró a Acapulco como la segunda ciudad más peligrosa del mundo” debido al número de homicidios, lo cual, explicó, también ha afectado al turismo.

“Representa uno de los municipios con mayor número de homicidios en el país, es un municipio que representa, en términos económicos, una parte muy importante para México por el turismo”, dijo en entrevista con Milenio.

Bárcenas dijo que no hay excusa para no aplicar la Ley de Seguridad Interior, porque “se ha trabajado por los partidos políticos desde los tiempos de Calderón, esto nos ha rebasado, ya llevamos varios años de discusión en el tema y ahora que tenemos la promulgación de una ley, por temas políticos y temas controversiales tenemos el freno”.

Explicó que la Suprema Corte ha establecido que la ley sigue vigente, por lo que piden que “se activen los protocolos en materia de seguridad interior”.

Aseguraron que la Oficialía de Partes de la Presidencia ya respondió a su solicitud y en un plazo de entre 15 y 20 días tendrán una respuesta.

Pese a los comentarios en contra de la ley, ellos no se sienten desanimados, pues “estamos cumpliendo con el ideal que tenemos como ciudadanos”.

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Sánchez dijo que en caso de que su propuesta sea rechazada, confían en que les darán a conocer “el fundamento real del por qué no, fuera de las cuestiones políticas”.

“Lo único que esperamos es que se dejen de controversias políticas y empezar a hacer hasta el día de hoy lo que está reconocido en la ley”, pidió Bárcenas.


JASR

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