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Jueves , 20.09.2018 / 00:28 Hoy

Acceso a la política, camino cuesta arriba

La excesos van en aumento, en especial por las cuotas en las candidaturas a las que están obligados los partidos.

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En un país donde diariamente son asesinadas siete mujeres y donde seis de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia, el acceso a la política resulta para muchas de ellas un camino cuesta arriba.

La magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralaí Soto, afirmó que la violencia política va en aumento, en especial por las cuotas de género en las candidaturas a las que están obligados los partidos.

“Hemos visto incrementarse esta violencia a partir de la obligación que prevé la Constitución para que los partidos cumplan con este principio de paridad y de alguna manera pudiera ser incongruente pensar que si ya es una obligación, por qué tendría que ser violento”, dijo.

Pero eso no es garantía. María Gloria Sánchez, una de solo dos mujeres que gobiernan un municipio en la zona indígena de los Altos de Chiapas, no ha logrado ejercer a plenitud su cargo para el que fue electa en 2015.

A unos meses de asumir el cargo fue obligada a firmar su renuncia con el argumento de que eso regresaría la paz en su comunidad y en su lugar designaron a Óscar Gómez.

Su restitución llegó a golpe de sentencia, cuando el TEPJF ordenó al Congreso Chiapas reinstalarla y a generar las condiciones necesarias para que ejerciera su cargo.

“El 31 de agosto de 2016 me restituyen mis derechos políticos para ejercer mi cargo, pero no fue respetada esa sentencia porque hasta el 3 de enero de 2017 el Congreso finalmente me reconoce, pero ni así nos permitieron entrar a la cabecera municipal”, contó.

Pese a ello, aseguró que ha trabajado para mejorar las condiciones de su pueblo y ha cumplido con las obligaciones administrativas que tiene como presidenta municipal; aunque un año después de su restitución el Congreso la desaforó y sustituyó nuevamente por Gómez López.

María Gloria acusó al Congreso estatal y a las autoridades locales de actuar indebidamente para realizar el proceso en el que se designó a un presidente municipal por usos y costumbres, cuando su municipio se rige por el sistema de partidos.

El presidente del Congreso, Willy Ochoa, se negó a hablar con MILENIO sobre el caso y su gente se limitó a enviar una conferencia en la que explica su actuación, la cual puede ser considerada como desacato a la sentencia del TEPJF.

La violencia política contra mujeres no es exclusiva de las zonas indígenas. Yolanda Pedroza, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, ha tenido que enfrentar presiones y amenazas.

Desde su llegada al órgano jurisdiccional, Yolanda enfrentó hostigamiento, humillación y un constante repudio por parte de sus homólogos Óskar Kalixto y Rigoberto Garza.

“Abrían mi oficina, entraban, movían los documentos, incluso colocaron un software en mi computadora para revisar lo que hacía. Estaba vigilada, me negaban la documentación e incluso intentaban alterar las actas. Pensé que cuando hiciera la denuncia iba a cesar el hostigamiento, pero hubo represalias durante algunos meses y actos intimidatorios”, detalló.

Han pasado ya dos años desde que el TEPJF también la identificó como una víctima de violencia política y hasta ahora no ha habido castigo contra los agresores. Uno de ellos, el presidente del Tribunal, Óskar Kalixto, incluso integra el observatorio de participación política de las mujeres de San Luis Potosí.

Jorge Luis Miranda, presidente Comisión de Justicia del Congreso, reconoció que el tema apenas se está abordando y se negó a dar algún detalle de los avances que se han realizado.

CLAVES

PANORAMA INCIERTO

A escala nacional, el panorama es mucho más dramático, pues apenas 15.9 por ciento de los municipios tienen a una mujer al frente.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), entre noviembre de 2016 y febrero de 2018, ha recibido 14 denuncias por violencia política.

Mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reporta haber recibido 93 denuncias.

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