Vigilarán aplicación de recursos para Alerta de Género

Es necesaria una mayor coordinación cuando denuncian la desaparición de una mujer
Feminicidios
Proponen reformas para vigilar la aplicación de los recursos públicos. (cuartoscuro)

Toluca

El gobierno del Estado de México propuso reformas para vigilar la aplicación de los recursos públicos destinados para atender, entre otras cosas, la Alerta de Género en 11 municipios, llevando a cabo además una evaluación permanente de resultados de los programas municipales y el desempeño del personal que participa en su ejecución.

De acuerdo a la propuesta, existen casos de desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas, que están relacionados con feminicidios y otras violaciones a los derechos humanos.

Es por eso que requieren una mejor intervención de las autoridades cuando las familias de las víctimas denuncian su desaparición, en muchos de los casos relacionados con las prácticas y actitudes discriminatorias por motivos de género.

También es necesaria una óptima coordinación e interés entre diversas autoridades en materia de seguridad pública y jurisdiccionales para evitar un aumento en el riesgo de que mujeres, adolescentes y niñas se conviertan en víctimas de delitos.

"El Estado mexicano debe continuar asumiendo la responsabilidad de implementar mejores políticas públicas, tendientes a eliminar la discriminación contra las mujeres, como respuesta a las violaciones de sus derechos".

El documento asienta que el Sistema Nacional emitió la Alerta de Violencia de Género para los 11 municipios del Estado con mayor incidencia de ilícitos en contra de las mujeres: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Además indica que el objetivo primordial del Decreto de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es garantizar la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres a partir del cese de la violencia en su contra, eliminando las desigualdades producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos, por medio de la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades públicas federales, en coordinación con las entidades federativas, enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

La propuesta reconoce que actualmente realizan reuniones semanales para dar seguimiento, de manera coordinada, a las acciones realizadas a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres dentro de la entidad.

RAM