Tipifican como “violencia laboral” certificado de no embarazo

Los diputados aprobaron el dictamen que modifica el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La mayor parte de los embarazos no deseados son de mujeres adultas.
(Tania Contreras)

El pleno de la Cámara de Diputados tipificó como “violencia laboral” la requisición de certificados médicos de no embarazo para el ingreso a un empleo, así como el despido de una trabajadora por este motivo.

El dictamen emanado de la Comisión de Igualdad de Género y que modifica el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece la misma denominación por el cambio de estado civil, o bien, por el cuidado de menores de edad.

Además, durante la sesión ordinaria de este martes que fue presidida por José González Morfín, se aprobó incluir de manera expresa como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos municipales que administren y manejan indebidamente los recursos federales.

Esta reforma al tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución establece que “los integrantes de los ayuntamientos” serán responsables por violaciones a la Carta Magna y a las leyes federales, así como por el manejo y “aplicación indebidos” de fondos y recursos federales.

El dictamen, aprobado por unanimidad, con 437 votos a favor se devolvió al Senado para su análisis, y posible aprobación.

El artículo 108 constitucional, en materia de responsabilidad de los servidores públicos, no mencionaba, hasta ahora, de manera expresa a los integrantes de los ayuntamientos como responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Asimismo, se avaló un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para que la Policía Federal deba garantizar el respeto de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por México, además de los establecidos en la Constitución.

La iniciativa presentada septiembre pasado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, y fue avalado por unanimidad, con 429 votos a favor, y se turnó al Senado para su análisis y eventual votación.

El dictamen también establece que el Comisionado General de la Policía Federal estará facultado para celebrar convenios para la formación y actualización permanente en materia de derechos humanos y su aplicación en las tareas policiales para los integrantes de la misma.

El texto del dictamen explica que, a partir del año 2006, se dio un aumento en la presencia de las fuerzas de seguridad de carácter federal por todo el territorio mexicano.

Señala que del periodo comprendido de diciembre de 2006 al mismo mes de 2012 se presentaron tres mil 851 quejas en contra de la Policía Federal por violaciones a derechos humanos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública.