TAE se autoabsuelve del cobro de bonos

El monto más importante de las observaciones es por más de 717 mil pesos.
Ante el TAE se presentó la demanda de nulidad en el 2011.
Ante el TAE se presentó la demanda de nulidad en el 2011. (Milenio)

Guadalajara

La Auditoría Superior propuso fincar cargos a la cuenta pública del Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE) por casi 800 mil pesos, porque los magistrados se pagaron ilegalmente un bono. El TAE presentó una demanda de nulidad ante el TAE y resolvió a su favor. El auditor superior presentó un recurso de apelación ante el TAE, que el mismo tribunal resolvió ratificando su sentencia anterior, por lo que decidió, de manera “lisa y llana”, anular las observaciones hechas por el órgano fiscalizador.

Lo anterior no es un trabalenguas. Se trata del procedimiento que siguieron los magistrados del Tribunal de lo Administrativo, en donde ellos mismos resolvieron que las irregularidades que se encontraron en su cuenta pública no estaban sustentadas. Su sentencia ya fue notificada al Congreso del Estado, por lo que si se le da la misma salida que en otros casos, la cuenta tendrá que darse por aprobada.

El oficio del TAE fue recibido el pasado 3 de octubre por el Poder Legislativo. En este, se remite el acuerdo del 20 de agosto pasado, que corresponde al expediente V-171/2011, de la demanda promovida por el magistrado Horacio León Hernández en contra de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

En el texto, se recuerda que el 30 de marzo de 2011, se dieron a conocer “las observaciones de las supuestas irregularidades cometidas a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2009 del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco”.

Según dichas observaciones, de las que este diario tiene una copia, se propone fincar cargos por 788,760 pesos y rechazar la cuenta pública del ejercicio 2009.

El monto más importante de las observaciones es por 717,660 pesos, correspondiente al pago de un bono conocido como “mes trece” a los magistrados Horacio León Hernández, Víctor Manuel León Figueroa, Armando García Estrada y Patricia Campos González. Esto, porque se trata de una prestación adicional al salario, prohibida por la ley para los funcionarios públicos de primeros niveles.

Los magistrados interpusieron un recurso de revisión ante la Auditoría Superior, que lo desechó por improcedente. Contra esta resolución, presentaron una demanda de nulidad, ante el mismo TAE, el 23 de mayo de 2011.

La Quinta Sala del tribunal resolvió en 2012 a favor del TAE, pero el auditor interpuso un recurso de apelación ante la misma sala. Luego, los magistrados decidieron anular las actuaciones de la ASEJ.