Sistema anticorrupción va al Senado

Luego de más de siete horas de discusión los diputados desecharon las 35 reservas presentadas y el dictamen se aprobó en los términos en que fue enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados. (Especial )

Ciudad de México

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general y en lo particular el dictamen de reformas constitucionales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.

Luego de más de siete horas de discusión los legisladores desecharon una a una las 35 reservas presentadas y el dictamen se aprobó en los términos en que fue enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales.

El dictamen será enviado al Senado para su análisis y de ser aprobado deberá ser aprobado posteriormente por la mitad más uno de los Congresos locales.

El documento establece un Sistema Nacional Anticorrupción encargado de coordinar esfuerzos para implementar políticas transversales en materia de control, prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la integridad; y plantea fortalecer a la actual Secretaría de la Función Pública en cuanto a la prevención, corrección, auditoría, investigación y sanción de delitos de corrupción.

En materia de control externo, además de la Secretaría de la Función Pública, dos órganos más serán responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción: la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

Se plantea Instaurar un Consejo Nacional para la Ética Pública, que estará encargado de garantizar la adecuada implementación de las políticas y programas desarrollados por el Comité Coordinador en sus respectivos órdenes de gobierno, así como instaurar un Comité de Participación Ciudadana que será el órgano ciudadano mediante el cual se canalizarán los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil.

También se plantea que cada Entidad Federativa reproduzca el sistema en su ámbito respectivo, bajo las bases establecidas en la Constitución y en la Ley General que regule el Sistema, así como sustituir a los tribunales contenciosos administrativos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como órgano facultado para conocer y dirimir controversias en la materia.