Senado aprueba en lo general sistema anticorrupción

Legisladores del PAN, PRD y PT alertaron que el combate a la corrupción queda inconcluso porque solo habrá sanciones administrativas y no penales, por lo que presentarán 35 reservas.
Senado de la República.
Senado de la República. (Tomada de Facebook / camara.desenadore)

Ciudad de México

Con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó en lo general las reformas constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción, con lo que se crea el Comité Coordinador integrado por diversos organismos encabezados por la Auditoría Superior de la Federación, para diseñar las políticas públicas que prevengan y disuadan "este mal endémico".

Sin embargo, senadores del PAN, PRD y PT alertaron que el combate a la corrupción queda inconcluso porque solo habrá sanciones administrativas y no penales, por lo que habrán de presentar en las próximas horas 35 reservas.

Desde tribuna, las bancadas del PAN y del PRD advirtieron también que no es la varita mágica para detener a los "peces gordos" y objetaron que no se hubiera incluido la reforma al fuero, particularmente del presidente de la República.

Por el PRD, Alejandro Encinas subrayó que se crea un sistema de excepción donde el jefe del Ejecutivo está exento "lo cual no lo dota de inmunidad, sino de impunidad", por lo que demandaron que la Mesa Directiva excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictaminar ya la minuta enviada por los diputados, que elimina esa prerrogativa.

Acreditó la caída en inversión extranjera a la corrupción, al detallar que según la Asamblea Superior de la Federación (ASF) de 2013 a 2014 pasó de 13 mil 100 millones de dólares a 6 mil 500 millones de dólares, una caída superior al 50 por ciento, "que tiene que ver como se ha dado a conocer recientemente a través de un índice global de impunidad en el mundo, como nuestro país lamentablemente ocupa el segundo lugar en impunidad, sólo debajo de Filipinas y arriba de Colombia. En un país en donde el 98 por ciento, en el caso de los delitos penales quedan sin castigo".

Al posicionar el contenido del dictamen, el ecologista y presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, expuso que en adelante México tendrá una ASF con mayores fortalezas que podrá auditar "en tiempo real", con informes cuatrimestrales y que podrá integrar expedientes de servidores públicos en posibles actos de corrupción, que irán a un tribunal especializado para combatir la impunidad.

"Tenemos un gran instrumento, batallas de más de 15 años que se dieron", indicó el legislador, al garantizar que a más tardar en un año se tendrán las leyes generales y después los estados tendrán que hacer lo propio.

El PAN exigió al presidente Enrique Peña Nieto que implemente el contenido de la reforma para acabar con los corruptos, al recordar Marcela Torres que el Consejo Coordinador Empresarial ha calculado la corrupción en 1.5 billones de pesos al año, un 10% del PIB.

"Nos gustaría decir que con la aprobación del sistema, de inmediato caerán los peces gordos de la corrupción, sean presidentes de la república, líderes sindicales, gobernadores, senadores, diputados de todos los colores y tendencias, pero no hay varita mágica ni ninguna otra panacea que resuelva el problema de un día para otro. Con esta minuta iniciamos una nueva ruta", planteó Torres.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, sostuvo hoy el país está ante la oportunidad de dar un paso trascendental en contra de la corrupción en todos los niveles de gobiernos.

"En la transformación de nuestro país ya no cabe la corrupción, la impunidad, la opacidad y el tráfico de influencias. La ciudadanía hoy exige un hasta aquí a la corrupción que, sin lugar a dudas, es la mayor causa de desigualdad y de exclusión en nuestro país. Hoy 21 de abril de 2015, todos los grupos parlamentarios, todos los grupos legislativos, estamos dando respuesta a una de las más sentidas demandas de la sociedad que se siente lastimada por quienes abusan del poder".

Mencionó que México se ubica en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 países, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015.

Por ello, el PRI apoya esta reforma que sienta las bases para inhibir, prevenir y castigar a quienes cometan actos de corrupción, que representan altos al país, tras lo cual detalló los alcances de la reforma.

El Partido del Trabajo votó en contra al criticar el coordinador Manuel Bartlett su contenido, al señalar que los operadores del sistema serán controlados por el Ejecutivo será una simulación, "porque todos son empleados del presidente", pero además porque electoralmente "es un regalo a Peña Nieto que se usará en esta campaña".

En su turno, los senadores Javier Corral y Dolores Padierna hicieron notar que el sistema no tendrá facultades de sanción de tipo penal.

En tanto, los panistas Ernesto Cordero y Roberto Gil coincidieron en que esta reforma sale “chata” y con carencias fundamentales, porque al no incluir las reformas al fuero presidencial, de los secretarios de Estado, ni de legisladores, gobernadores o presidentes municipales, éstos evadirán la justicia.

“Y no veremos a ninguno de ellos en la cárcel”, sentenció Gil Zuarth; en tanto que Cordero Arroyo puntualizó que no hay  nada peor que un legislador dócil y eso es lo que está pasando en México con esta reforma.

“No nos engañemos, esto no va a terminar, ni siquiera va a prevenir que no haya otra Casa Blanca, esto no va a prevenir gobernadores de todos los colores abusivos ni presidente municipales corruptos”, sentenció el ex secretario de Hacienda, quien dijo que el SNA es como una aspirina para el cáncer que padece el país en materia de corrupción.

“Mi conciencia no está tranquila con lo que hoy estamos aprobando”.

EL DICTAMEN

El dictamen establece que el Sistema se encargará de la identificación, prevención, supervisión, investigación y sanción de actos de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares, así como de aquellos servidores que actúen en contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Responsable del Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal Responsable del Control Interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del IFAI, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

El comité coordinador diseñará y promoverá, en todo el país, las políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Asimismo, determinará los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información.

Desarrollará un nuevo sistema nacional de fiscalización de los recursos públicos, como un subsistema consolidado y autónomo, que será eje central del Sistema Nacional Anticorrupción.

El Comité del Sistema tendrá la facultad de emitir recomendaciones a las autoridades, para que adopten medidas institucionales para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

Se da plena autonomía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se fortalece su función sancionatoria, con la finalidad de crear un esquema de justicia administrativa capaz de sancionar eficazmente a quienes cometan faltas administrativas graves, sin menoscabo de las facultades ahora conferidas en las materias fiscal y administrativa.

Se distinguen las responsabilidades administrativas graves y las no graves.

Las responsabilidades administrativas graves, serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, y en su caso, sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por los tribunales que de acuerdo con sus competencias existan en las entidades federativas.

Aquéllas que la ley determine como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos internos de control.

Se prevé que el Tribunal Federal o en su caso los tribunales de los estados impongan las sanciones correspondientes por la participación de particulares en hechos vinculados con faltas administrativas graves.

En el caso de los delitos de corrupción, los órganos internos de control contarán con facultades para presentar denuncias, por hechos u omisiones, que pudieran ser constitutivas de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante las autoridades locales competentes.

La Fiscalía llevará a cabo la sustanciación de los hechos y podrá ejercer acción penal ante quienes resulten responsables para su debida sanción de acuerdo con la ley penal.

Se prevé que en el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, no les serán oponibles las reservas respecto de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de ahorro e inversión de recursos monetarios.

Con esta reforma, los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.

Se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito.