Qué sí y qué no logra el sistema anticorrupción

Organizaciones de la sociedad civil ven positiva la aprobación del sistema pero pronostican que será complicada su aprobación en los estados y lejana su aplicación.
Los inconformes portaron pancartas las que se leía "No + corrupción", "Que se vayan todos" y "Construyamos otra democracia".
Especial. (Reuters)

Ciudad de México

Las organizaciones de la sociedad civil consideran que el Sistema Nacional Anticorrupción logrará avances en la prevención y combate de la corrupción siempre y cuando se ratifique en los estados; sus leyes reglamentarias precisen los delitos de corrupción, el conflicto de interés y las sanciones aplicables; y se otorguen los recursos necesarios para su implementación.


"Sin recursos suficientes y servicios civiles, sus alcances serían limitados"

Marco Fernández, investigador de México Evalúa y académico del Tec de Monterrey, dice que la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Congreso de la Unión genera un "optimismo moderado" porque falta todavía un largo camino por recorrer.

El sistema deberá ratificarse en por lo menos 17 Congresos estatales y posteriormente deberán discutirse sus leyes secundarias en el Congreso de la Unión ("cuando se legislarán las cosas más importantes").

"Para implementar el sistema se van a necesitar modificaciones a por lo menos diez leyes secundarias relacionadas", dijo.

Además ve larga su aprobación en los estados, pues "a algunos gobernadores no les gusta esta facultad" de la Auditoría Superior de la Federación que podrá fiscalizar los recursos federales que se le asignan a los estados.

Fernández dijo que otro punto que deberá cuidarse para la correcta implementación del sistema es que se deberán "garantizar los recursos necesarios a la instancias del Estado mexicano" y comentó que esto debe verse "más que un costo, como una inversión que necesita hacer el país para acotar y reducir los delitos de corrupción".

Dijo que es fundamental que en las instancias del sistema se cuente con "gente capaz y no cómoda (para el gobierno) para implementar la ley".

Comentó que en las leyes secundarias se deberá garantizar que las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los servidores públicos más importantes se hagan públicas y quienes reciban la información tienen que tener la facultad de poder verificar su veracidad.


"La primera piedra de una reforma que no tenía precedentes"

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción es la hoja de ruta para una reforma institucional de una década en la cual se modifica a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía Anticorrupción y se agrega un mecanismo de coordinación entre agencias.

Dijo que existen riesgos en el proceso que aún debe seguir para aprobarse en los estados y para que se legislen sus leyes secundarias como los asuntos que a los gobernadores no les gustan.

"El 90 por ciento de los recursos que se enviaban a las entidades ahora serán fiscalizables. Esto va a generar resistencia por parte de gobernadores y en los congresos locales", dijo.

Consideró que se deberá prestar atención a su implementación para que no se prometan cosas imposibles y se tome en cuenta que es un proceso de transformación profunda que va a tomar tiempo.

"Si se sobrevende políticamente el sistema será más electoral que institucional, se va a detener indebidamente a personas por este tema. Hay que construir una buena narrativa de un buen sistema"

Dijo que la discusión de sus leyes secundarias será un proceso legislativo "complejísimo".

"Cuando se revise el régimen de responsabilidades, la ley de responsabilidades de los servidores públicos, se tendría que integrar el conflicto de intereses, definir qué parte de la declaración patrimonial debe ser pública", dijo.


"Los países corruptos somos riesgosos para los inversionistas"

Manuel Molano, subdirector del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), convocó a la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción con leyes secundarias que garanticen "pesos, contrapesos y medidas para hacer cumplir ley".

Dijo que sin estos elementos difícilmente tendremos un sistema relativamente útil.

Molano consideró fundamental la implementación del sistema para atraer inversiones y, sobre todo, predecir las inversiones y con ello favorecer la economía del país.

"Sí hay más riesgo para el inversionista si eres un país corrupto. El negocio no te va a dar por corromper a uno y a otro, y a otro. En los países menos corruptos lo que ocurre es que la inversión se vuelve más predecible y eso es importantísimo. Los países corruptos somos riesgos para los inversionistas", dijo.

Llamó a pensar el problema de la corrupción como "un problema estructural de la economía mexicana".

"Si no le entramos nos va a costar y nos va a costar enserio. Lo que ha insistido Imco es que no haya conflictos de interés dentro del propio sistema. Que no tengas ahí metido a quienes en este momento son artífices de buena parte de la corrupción que vemos. Hay que pensar que el estado del arte de la corrupción es la captura de las leyes, leyes a modo para no castigar gente", dijo.

Consideró importante garantizar que existan mecanismos institucionales para que haya transparencia y no haya opacidad en los estados y se logren fiscalizar los recursos federales que van a los estados.


"El dinero público en instituciones bancarias debe transparentarse"

Óscar Arredondo, investigador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar destacó la creación de instancias para emitir sanciones como la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción y el Tribunal de Responsabilidades Administrativas.

"Actualmente quienes emiten sanciones son subordinados del Ejecutivo, lo cual es un conflicto de interés de manera natural. Es mejor este sistema que lo que tenemos actualmente", dijo.

Consideró que el sistema es muy perfectible y hay muchas cosas que todavía se le pueden.

Sugirió establecer en las leyes secundarias ampliar los alcances de la fiscalización de los recursos federales en los estados como ordena el sistema, pero ampliarlo a los bancos y fideicomisos que administran las deudas de las entidades federativas.

"Los estados dejan las deudas para las generaciones futuras, para administraciones siguientes. Ya existe orden a la Tesorería de la Federación para que lo que deben se vaya a fideicomiso de garantía, esto no lo ve la sociedad", dijo.

Dijo que actualmente no se hace pública esta información por el secreto bancario, pero consideró que "es un secreto que no se debe aplicar al gobierno. Es información pública, tenemos derechos de acceso a la información, hay un principio de máxima publicidad".

"Esta es una oportunidad para los legisladores para corregir y señalar que el secreto bancario es para proteger el patrimonio de las personas físicas o morales, no de los gobiernos".


Los puntos principales del sistema anticorrupción

- Servidores sí tendrán que presentar una declaración de intereses además de la patrimonial. Hacerlas públicas seguirá siendo opcional.

- Los titulares de los órganos internos de control ya no serán nombrados por el titular de la dependencia, sino por la Cámara de Diputados.

- Los órganos internos de control tendrán más facultades de revisión.

- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionará a los servidores y particulares por actos de corrupción.

- La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar el ejercicio fiscal en curso y anteriores.

- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales destinados a los estados y municipios.

- No se acelera la presentación, ni revisión de la cuenta pública.

- Se especifican las sanciones a las que se podrán hacer acreedores los responsables de actos de corrupción.

- Los delitos de corrupción prescribirán a los 7 años.

- El Sistema Nacional Anticorrupción será el encargado de coordinar la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.