Diputados aprueban reforma anticorrupción en lo general

El proyecto que plantea crear un Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobado por 409 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.
La Cámara de Diputados clausuró esta noche su periodo ordinario de sesiones.
La Cámara de Diputados clausuró esta noche su periodo ordinario de sesiones. (Especial)

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reformas constitucionales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.

El proyecto fue aprobado por 409 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

El pleno de la Cámara de Diputados entró ya a la discusión de 35 reservas que serán desahogadas en las próximas horas.

Los votos contra el dictamen fueron principalmente de diputados integrantes de Morena, del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

El documento establece un Sistema Nacional Anticorrupción encargado de coordinar esfuerzos para implementar políticas transversales en materia de control, prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la integridad; y plantea fortalecer a la actual Secretaría de la Función Pública en cuanto a la prevención, corrección, auditoría, investigación y sanción de delitos de corrupción.

En materia de control externo, además de la Secretaría de la Función Pública, dos órganos más serán responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción: la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

Se plantea Instaurar un Consejo Nacional para la Ética Pública, que estará encargado de garantizar la adecuada implementación de las políticas y programas desarrollados por el Comité Coordinador en sus respectivos órdenes de gobierno, así como instaurar un Comité de Participación Ciudadana que será el órgano ciudadano mediante el cual se canalizarán los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil.

También se plantea que cada Entidad Federativa reproduzca el sistema en su ámbito respectivo, bajo las bases establecidas en la Constitución y en la Ley General que regule el Sistema, así como sustituir a los tribunales contenciosos administrativos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como órgano facultado para conocer y dirimir controversias en la materia.