Discute pleno de San Lázaro reforma anticorrupción

El pleno de la Cámara de Diputados discute la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción que implica modificaciones a la Constitución para prevenir y sancionar actos de corrupción.
En el pleno de la Cámara de Diputados guardaron un minuto de silencio a la memoria del diputado priista Gabriel Gómez Michel, quien fue secuestrado y asesinado.
Pleno de la Cámara de Diputados. Archivo. (Fernando Damián)

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados inició este mediodía la discusión del dictamen de reformas constitucionales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, después de dispensarle todos los trámites y considerarla de urgente resolución.

Con la frase "la corrupción la más letal de las pestes", el diputado perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales inició la fundamentación del dictamen que hoy se somete a votación del pleno.

"La corrupción, como cáncer, si se detecta y se sanciona a tiempo no afecta a las instituciones", dijo.

Los legisladores desecharon una moción suspensiva presentada por el PT y determinaron continuar con el desahogo del proyecto.

El dictamen prevé modificaciones a 14 artículos de la Constitución Política y entre otros aspectos establece sanciones que van desde la amonestación hasta la inhabilitación de servidores públicos, así como penalizaciones administrativas y económicas a particulares involucrados en actos de corrupción.

Establece también la extinción de dominio de los bienes derivados de enriquecimiento ilícito.

Las reformas conceden a la Auditoría Superior de la Federación nuevas facultades para fiscalizar las participaciones federales de estados y municipios, así como para practicar auditorías en "tiempo real", sin esperar dos años, como ocurre actualmente.

Destaca igualmente la disposición de que el secretario de la Función Pública sea ratificado por parte del Senado.

El Sistema Nacional Anticorrupción estará encabezado por un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Secretaría de la Función Pública y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como representantes del Instituto Federal de Acceso a la Información, del Consejo de la Judicatura e incluso un Comité de Participación Ciudadana.