“La voz ciudadana guiará el sistema anticorrupción”

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, asegura que con la nueva ley los servidores públicos y particulares que firmen contratos con el gobierno rendirán cuentas.
Resalta que los castigos por corrupción los definirán los jueces.
Resalta que los castigos por corrupción los definirán los jueces. (Octavio Hoyos)

Con la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno federal apuesta por que los ciudadanos combatan este flagelo mediante un comité que se encargará de vigilar y denunciar las prácticas irregulares, las cuales analizará el Tribunal de Justicia Administrativa; por primera vez serán los jueces quienes determinen el castigo específico y no el plano administrativo.

En entrevista, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, señaló que los retos serán establecer condiciones de transparencia para las contrataciones públicas y ser el receptáculo de las denuncias de los ciudadanos por actos de corrupción.

Afirmó que todos los servidores públicos y particulares que firmen contratos con el gobierno rendirán cuentas a la sociedad de acuerdo con sus responsabilidades.

Sobre la ley 3de3 dijo que los funcionarios y el Estado tienen una responsabilidad evidente, que se traduce en una obligatoria rendición de cuentas.

En el caso de los empresarios, refirió que es un plano distinto, "pero estamos buscando los mecanismos para que también se genere confianza en su actuación y en su participación con el sector público".

Andrade Martínez expresó que es necesario llevar a cabo, lo más pronto posible, las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que sea operable.

¿Cuál es la importancia de contar con una ley anticorrupción?

Es un cambio muy importante en distintos sentidos. Se contempla, por primera vez, un conjunto de actos que son claros de corrupción, señalados en las leyes.

"Antes teníamos, sí, algunas conductas de carácter penal, descritas, o teníamos un conjunto de situaciones administrativas marcadas en la ley como conducta indebida de los servidores públicos, pero nunca se distinguió de manera clara lo que era un acto de corrupción.

"Hoy, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla de manera clara cuáles son actos de corrupción, y en ese sentido se podrá tener mejor justicia respecto de las conductas de servidores públicos, para castigar debidamente las que son de corrupción y señalar las que no, lo que permitirá mejorar al gobierno".

¿Cuál será el papel que jugará la SFP con esa nueva ley?

La SFP tiene abierto el Sistema de Quejas y Denuncias. Por supuesto con la reforma seguirá fortaleciéndose este esquema y, por tanto, será la primera gran tarea que tendrá la secretaría: ser el receptáculo de las denuncias que los ciudadanos presenten por actos de corrupción.

"Coordinará el régimen de contrataciones públicas cuando el sector privado participe proveyendo servicios o en obra pública. Y el reto fundamental es establecer condiciones de transparencia para efecto de que las contrataciones públicas estén a la luz de todos.

"También para que las empresas que participen en obra pública o proveyendo servicios de salud, o de otra índole para la ciudadanía, puedan estar debidamente monitoreadas no nada más por el gobierno, sino por la sociedad".

Los ciudadanos generalmente dicen "es una ley más, a mí cómo me beneficia"

Todos estos órganos van a ser coordinados por un Comité Ciudadano, y en estas reuniones se van a establecer las mejores prácticas de combate la corrupción... y no solo eso, también los mejores mecanismos para que puedan denunciar de manera permanente los actos de corrupción que padezcan.

"Hoy la SFP tiene abierto, de manera permanente, un Sistema de Quejas y Denuncias Ciudadanas para que cualquier acto que el ciudadano padezca, en términos de abuso de poder o de dinero por parte de los servidores públicos, lo pueda hacer saber directamente a esta secretaría".

Es una ley controvertida, sobre todo por el cambio presidencial al artículo 32.

Hemos entrado en una nueva etapa donde son los ciudadanos los que van a coordinar el Sistema Nacional Anticorrupción, porque, de acuerdo con las leyes aprobadas, es un consejo de ciudadanos el que va a coordinar las actividades, en términos de prevención y combate a la corrupción, de la Secretaría de la Función Pública. Por lo tanto, la voz ciudadana será la que vaya guiando los destinos del Sistema Nacional Anticorrupción y éste es un paso importantísimo.

¿El presidente Enrique Peña Nieto se dejó presionar por los empresarios, seguirá la impunidad al no presentar sus declaraciones?

El Presidente fue sensible a los argumentos de carácter constitucional que establecieron los grupos empresariales y también sobre la proporcionalidad de la medida.

"Estamos reflexionando en mesas de diálogo con los empresarios para que todos los protagonistas de una situación, particularmente en materia de contrataciones públicas, rindamos cuentas en la debida proporción de nuestras responsabilidades, tanto servidores públicos como, en su caso, los empresarios".

¿La ley es deslactosada o 'light' como dice la oposición?

En un sistema democrático siempre tendremos las posiciones en las que el gobierno establecerá los argumentos y las definiciones de aquellos elementos en los que se va trabajando y se va avanzando, y la oposición siempre hará señalamientos, hará críticas y hará observaciones que, independientemente de las motivaciones, incluso del carácter político que puedan tener, son o coadyuvan a tener una mejor construcción para efectos de tomar decisiones con los debidos equilibrios.

¿Cómo será este monitoreo de las empresas para que sea creíble, en tiempo real?

Efectivamente, todos los instrumentos de carácter tecnológico que permitan poner a disposición del público las distintas tomas de decisiones, y las narrativas de cómo se fue desarrollando el proceso de contratación se tomarán en cuenta para poder hacerlo lo más transparente posible.

¿Tendrá algún cargo extra al erario?

En realidad es un asunto de organización, por lo tanto se mantendrán en términos generales los mismos montos y las mismas proporciones que se tienen.

¿En cuánto tiempo se verán los cambios?

Los ciudadanos veremos paulatinamente los cambios. Hoy ya podemos ver en materia de transparencia, acceder a la información pública es un asunto que hoy es más viable que en años anteriores.

"Así como lo estamos viendo en materia de transparencia, es irreversible verlo en la disminución de los índices de corrupción, porque el ciudadano va a tener la posibilidad de señalarlo y porque otras instituciones, independientes del gobierno, serán las encargadas de castigar".

Y con los gobiernos estatales, ¿habrá castigo para todos, sin importar cargos o amistades?

La reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción establece, precisamente, los elementos para que los castigos a quienes incurran en posibles actos de corrupción se lleven a cabo con base en reglas de juego muy claras y, por lo tanto, haya certeza respecto de las consecuencias que puedan traer conductas contrarias al buen ejercicio público y al buen ejercicio de gobierno.

"Entonces, en ese sentido, hoy tenemos mejores condiciones institucionales y, además, dichas condiciones institucionales propiciarán que sea el estado de derecho y las leyes los que contengan por sí mismos el punto de partida para castigar a servidores públicos, más allá de sensaciones, de circunstancias o, por supuesto, de entendibles ansiedades.

¿Cómo ve la intención del gobernador de Veracruz de nombrar un fiscal anticorrupción?

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene, en su construcción, el mensaje claro de que las instituciones deben tener el debido cuidado en materia de imparcialidad, sobre todo siempre con bases que den certeza legal; son las premisas básicas las que pueden orientar las decisiones que se tomen alrededor de circunstancias o de situaciones vinculadas con el combate a la corrupción.