Senado, por destrabar la ley de transparencia

Javier Corral urgió a que la norma obligue al Congreso a presentar la información del dinero que maneja, al señalar bonos extarordinarios.
Sesión de especialistas y organizaciones con legisladores.
Sesión de especialistas y organizaciones con legisladores. (Especial)

México

El Senado realizó nuevas audiencias para destrabar los temas encorchetados en la Ley General de Transparencia, en la que la Presidencia admitió modificaciones a varios artículos que había propuesto cambiar a la iniciativa original en materia de fideicomisos, facultades del consejero jurídico y condonaciones fiscales, entre otros.

Durante la sesión, organismos públicos como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) pidieron a los senadores mantener la secrecía en temas relativos a la seguridad nacional y protección de datos.

Mientras que organizaciones sociales y expertos, como Mauricio Merino y Jaqueline Peschard advirtieron que los cambios que impulsa la Presidencia son regresivos a la reforma, y se pronunciaron porque el IFAI sí tenga, cuando menos, facultades para iniciar un proceso sancionatorio contra los servidores públicos que se nieguen a transparentar la información.

Ante senadores de todos los partidos, el panista Javier Corral urgió a que la ley obligue al Congreso a transparentar la información del dinero que maneja, al confirmar versiones de que legisladores reciben bonos al votar una ley a favor.

Sin que nadie lo negara, ventiló que por la aprobación de la reforma energética, el PAN les hizo un deposito en su cuenta —por 150 mil pesos— aunque a él se lo retiraron después, porque votó en contra.

En su turno, la Comisión Nacional de los Derechos objetó que el IFAI pueda abrir información relativa a investigaciones de violaciones graves sin que antes el órgano especializada haya calificado si es grave, al advertir el primer visitador, Ismael Eslava, que una opinión diferenciada de ambas instituciones podría generar confusión.

"La CNDH está convencida que el acceso a la información pública es inherente a un sistema democrático de derecho y por tanto debe garantizarse su protección, particularmente en casos en que haya violaciones graves a derechos humanos", indicó, al abundar que la Constitución le confiere a la CNDH la competencia específica y expresa para conocer e investigar violaciones graves a los derechos humanos, "así como la calificación que se haga sobre la gravedad de los mismos; por tanto, la determinación deberá acontecer en el momento en que se cuenten con los elementos mínimos indispensables, es decir, al inicio o durante el desarrollo de la investigación que realiza".

A su vez, las organizaciones y expertos consultados ayer revelaron que el pasado sábado, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, los citó en la oficina de Aurelio Nuño para entregarles una docena de documentos en los que se matizan los más de 80 cambios propuestos a la iniciativa que se discute en el Senado.

Mauricio Merino dijo que los harán públicos en la página de la Red por la Rendición de Cuentas, luego de que los propios senadores Alejandro Encinas y Pablo Escudero se mostraron sorprendidos y dijeron desconocer esas modificaciones.

En su exposición, el consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídico, Rodrigo Espeleta, confirmó que se modificarían redacciones en artículos como el relativo a las condonaciones, pero no a las exenciones.

La Cofece se pronunció por cuidar la reserva de los datos delicados de las empresas, como son planes de negocios, listas de proveedores, ticket promedio de compras o listas de competidores, entre otros.

El Banxico, en voz de su abogado, Luis Urrutia, observó riesgos si se abre la información relativa al papel moneda y tintas, los planos de la Casa de Moneda o los estudios de mercado que sirven para diseñar la política monetaria.