En San Lázaro avanza reforma para “revivir” a la Función Pública

La Comisión de Gobernación aprobó en lo general el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para restituir a la Secretaría de la Función Pública sus atribuciones.
Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública.
Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para restituir a la Secretaría de la Función Pública sus atribuciones en materia de control, fiscalización y sanción a los servidores públicos.

El dictamen forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y rectifica la decisión presidencial de extinguir al comienzo del actual sexenio a la Función Pública para sustituirla por un órgano constitucional autónomo encargado del combate a la corrupción, que a la postre no prosperó.

A propuesta de diputados federales del PAN, PRD y Morena, así como senadores del PRD y PVEM, la reforma reincorpora a la Secretaría de la Función Pública al listado de entidades dependientes del Ejecutivo Federal.

Entre otras facultades, la dependencia tendrá nuevamente a su cargo la responsabilidad de conocer, investigar y sancionar las conductas de los servidores públicos que, en su caso, constituyan responsabilidades administrativas.

Asimismo deberá presentar las denuncias correspondientes ante la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Procuraduría General de la República.

La Función Pública practicará por sí misma o a solicitud de la Secretaría de Hacienda las auditorías, revisiones y evaluaciones  con el propósito de fiscalizar y promover la eficiencia en la gestión de las diversas dependencias públicas.

Atenderá también las quejas e inconformidades de particulares con motivo de contratos y convenios con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La secretaría recibirá y registrará las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, además de verificar su contenido por medio de las investigaciones pertinentes.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para ser discutido en lo general y en lo particular durante la sesión de mañana jueves.