En San Lázaro elevan sanción contra funcionarios corruptos

Las sanciones van desde la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras ...
La bancada del PRI, durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se analizaban las leyes anticorrupción.
La bancada del PRI, durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se analizaban las leyes anticorrupción. (Javier García)

Ciudad de México

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 388 votos en favor, el dictamen de la minuta que reforma el Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción, que endurece y eleva las sanciones contra funcionarios que incurran en esa irregularidad administrativa.

El dictamen, que se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, fue fundamentado por el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, quien destacó el impulso significativo que se da a la lucha contra la corrupción y para lo cual se prevén innovaciones importantes en los tipos penales.

Entre otras medidas, se endurecen las sanciones a servidores públicos que van desde la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de uno a 20 años.

El documento modifica 16 artículos adiciona cinco y se deroga el cuarto párrafo del Artículo 225 y se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Álvaro Ibarra indicó que también sanciona a quien obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios.

Asimismo, expuso, se establecen los supuestos en los cuales se considera responsable al particular, cuando cometa un delito de corrupción.

La enmienda, dijo, incluye como hipótesis del delito de abuso de autoridad, cuando se obtenga, exija o solicite sin derecho o causa legítima parte del sueldo de uno o más de sus subalternos, y los castigos van de tres meses a 14 años de prisión y de 30 a 150 días de multa.

Además se adiciona un tipo penal al uso ilícito de atribuciones y facultades para sancionar al particular que en su carácter de contratista, permisionario o asignatario titular de una concesión de prestación de servicios públicos de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, lo haga con el fin de obtener un beneficio para sí o para un tercero.

El país, abundó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), necesita combatir el fenómeno de la corrupción de manera eficaz para fortalecer su desarrollo económico y social, y esto se logrará en la medida en que se refuerce la procuración de justicia y se reduzcan los índices de impunidad.

 “Lo que hoy queremos es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y quienes se desempeñen en el servicio público, aquellas personas que todos los días entregan sus esfuerzos para ofrecer al pueblo de México sus mejores resultados”, aseveró.

A su vez, la diputada del Partido Verde, Sofía González Torres, opinó que las reformas al Código Penal Federal responden a una de las demandas ciudadanas de mayor alcance en los últimos años; perseguir y castigar a los servidores públicos que defrauden la confianza depositada en ellos, y se involucren en actos de corrupción.

Planteó que dichos actos no deben sancionarse sólo por la vía administrativa, ya que “es necesario que aquellas conductas indebidas que lesionan a la sociedad y afectan la credibilidad de las instituciones, tengan consecuencias penales. El Sistema Nacional Anticorrupción requiere de estos cambios legales para operar de forma eficaz”.

La priista Gloria Himelda Félix Niebla consideró que la reforma es un pilar fundamental para el combate a la corrupción, a través de la cual se generarán sanciones efectivas para aquellos que abandonen el buen ejercicio en la función pública.

María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza, indicó que esta reforma pretende lograr una ampliación del marco normativo para abatir efectivamente la impunidad en los casos de corrupción, focalizando la actuación de quienes son contrarios al servicio público.

Refirió que el barómetro de la corrupción 2015, de Transparencia Internacional, revela que 88 por ciento de los mexicanos cree que las actuaciones de los servidores públicos son corruptas o muy corruptas, y que la mitad de la población del país considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Waldo Fernández González señaló que la deshonestidad en México ha sido un cáncer difícil de combatir; sin embargo, con esta reforma se crea un nuevo orden jurídico y se sientan bases firmes para hacer frente a ese delito.