La SFP revisa contratos para aplicar sanciones

Julián Oliva señala que hasta el momento no hay indicios de que los hijos de Marta Sahagún hayan participado en las anomalías.
Marinos custodian las instalaciones de la empresa en Campeche.
Marinos custodian las instalaciones de la empresa en Campeche. (Cheche Itch)

México

El encargado de la Secretaria de la Función Pública, Julián Oliva, informó que se encuentran analizando toda la información en el caso de los contratos de Pemex con Oceanografía a fin de fincar responsabilidades a servidores públicos que pudiesen estar involucrados.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha iniciado ningún procedimiento contra funcionario alguno de la paraestatal, ya que debe revisar el caso a detalle.

"Todavía no hemos empezado algún procedimiento contra funcionarios, estamos revisando y si hubiera alguna irregularidad a cargo de algún servidor público lo estaríamos comentando, en este momento no tengo ningún elemento para darles respuesta al respecto", enfatizó.

En entrevista, luego de participar en la presentación de los Proyectos de Integridad en el Sector Empresarial, el encargado de la Secretaría de la Función Pública aseguró que las sanciones por este caso, que ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, corresponden a la inhabilitación, así como a una multa.

Explicó que dichas amonestaciones se aplicarán en tanto la Secretaría de la Función Pública revise los nueve contratos que tenía la paraestatal con dicha empresa.

Cuestionado sobre la acusación de algunos legisladores sobre la presunta participación de los hijos de Marta Sahagún en el fraude de Oceanografia, Oliva aseguró que hasta el momento no tienen indicios que lo confirme.

"Nosotros no tenemos ninguna información al respecto, en caso de que tuviéramos alguna auditoría que nos diera ese resultado se los daríamos a conocer, Al momento no tenemos nada", agregó.

Por separado, el representante de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc) para México, Antonio Mazzitelli, aseguró que casos como el de la empresa Oceanografía demuestran que México requiere seguir trabajando para abatir la corrupción.

Aseguró que si bien existe un marco normativo eficiente para abatir el fenómeno de la corrupción eficiente y transparente, sigue resultando insuficiente para lograr una transformación integral tanto en el sector privado como el cultural.

"Desafortunadamente tenemos que hacer mucho más y que la lucha contra la corrupción tiene que ser antes que todo una lucha cultural por una nueva ética del negocio, una ética donde el negocio de verdad colabora con las necesidades de las comunidades, de los estados", señaló.

En este sentido, el representante de México en la ONU destacó la importancia de trabajar por una cultura ética en la que intereses privados no pasen por encima del interés común de una sociedad democrática y transparente.

Mazzitelli aseguró que la corrupción a nivel macroeconómico llega a tener un precio importante en términos de estabilidad y debe ser abatido ante el importante papel que juega como un obstáculo para lograr un desarrollo sustentable.

El pasado 28 de febrero la Procuraduría General de la República aseguró la empresa naviera y de construcción marítima y designó la tutoría al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, señaló en conferencia que esta acción fue para establecer las responsabilidades penales que correspondan y recuperar lo más pronto posible los fondos desviados en el otorgamiento de fianzas previstas en la normatividad en materia de contrataciones públicas.

"Caso de lavado"

El pasado lunes, Jesús Murillo Karam dijo que el de Oceanografía es un caso de lavado de dinero y explicó que éste se develó al descubrirse falsificación de cuentas que se presentan a Pemex.

"El lavado de dinero tiene como inicio un delito primigenio, el fraude. No se queda ahí, cuando ese dinero es utilizado de otra manera, se convierte en lavado".

El titular de la PGR explicó que la investigación derivó de un problema en el pago de una fracción de fianzas.