Buscan reformar Constitución por desaparición forzada

El senador Roberto Gil Zuarth indico que al reformar la Constitución el Congreso tendrá la facultad de emitir una ley general que sancione la desaparición forzada.
La desaparición forzada es considerada como un crimen de lesa humanidad y no prescri
(Alejandro Acosta)

Ciudad de México

El senador Roberto Gil Zuarth propuso reformar la Constitución para que el Congreso tenga la facultad de emitir una ley general que permita establecer tipos penales, sanciones, competencias, así como una coordinación entre Federación, estados y municipios para enfrentar la desaparición forzada.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado señaló en un comunicado que la desaparición forzada "es un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, mina la cohesión social y representa una de las violaciones más graves que existen".

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada en la cámara alta, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) expuso la necesidad de reforzar el marco de derechos de las víctimas, así como incorporar la prisión preventiva en casos relacionados con la desaparición forzada de personas.

Precisó que con la ley, el Congreso establecerá un “piso” que todas las entidades deberán acatar, ya que sentará las bases normativas para prevenir y combatir este fenómeno delictivo, pero además se tendrá acceso a penas homogéneas que procuren el castigo a los agentes activos del ilícito.

A pesar de que en la legislación federal se ha tipificado este delito, ese tipo penal está lejos de contemplar todos los elementos contenidos en los instrumentos internacionales vigentes en México, anotó Gil Zuarth.

Refirió que sólo 22 entidades han tipificado la desaparición forzada de personas, de las cuales 20 lo han hecho en sus respectivos códigos penales y sólo dos han emitido leyes específicas para prevenirla y castigarla, sin embargo 10 estados aún no han tipificado ese ilícito, mencionó.

El senador panista destacó que la desaparición forzada de personas es un problema que atañe a todo el país y sus órdenes de gobierno y, por ello, es necesario enfrentarlo con políticas públicas y acciones coordinadas, bajo un solo marco normativo guía, de lo contrario la impunidad seguirá siendo una constante en este tema.

El documento, que contempla reformas a los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado “b”, fracciones III y V, segundo párrafo; y 73, fracción XXI, inciso “a” de la Carta Magna, fue enviado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.