Error, condicionar reforma energética a política: IETD

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática considera, que por la prisa de la reforma energética, la reforma política prescindió de diagnósticos más serios y no logró coherencia ni ...
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Ciudad de México

En una carta dirigida a la opinión pública, al Congreso de la Unión, a los Congresos de todas las entidades federativas y a la mesa del Pacto por México suscrita por académicos, consejeros electorales, ex consejeros electorales, analistas políticos y diversas personalidades públicas, plantean que la reciente reforma político-electoral se aprobó en muy poco tiempo, sin análisis y debe revisarse.

De acuerdo con el documento, redactado por Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, la reforma política estuvo "presionada por la prisa de la reforma energética, lo que precipitó decisiones, hizo prescindir los diagnósticos más serios y acumuló propuestas sin lograr coherencia o consistencia".

En lo electoral, menciona la carta "se trata de una reforma con problemas de concepción y concreción que... debilita una asignatura que en buena hora las propias fuerzas políticas habían solucionado con la construcción del IFE en las últimas dos décadas".

El balance del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, la reforma política "es una reforma re-centralizadora que cambia la naturaleza constitucional de la autoridad electoral (deja de ser federal)" por el cambio aprobado de Instituto Federal Electoral (IFE) a Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, el documento cuestiona que las dirigencias de las fuerzas políticas llegaran "a la conclusión de que los estados de la federación y las sociedades locales son incompetentes para resolver sus problemas políticos y sus propios rezagos democráticos". Y considera que "el problema organizativo que, insistimos, NO está resuelto en la reforma electoral".

Entre las preocupaciones expuesta está el hecho de que la "reforma electoral modifica las bases mismas de las elecciones en México, bases que habían funcionado admirablemente bien y que han sido hasta hoy el fundamento de la competencia democrática y de la estabilidad política a lo largo de dos décadas"; también considera problemático el hecho de que la "reforma responde a los imperativos de una impugnación postelectoral (la del 2012) cuyos fundamentos o pruebas no fueron ni lejanamente demostrados".

El documento expone las conclusiones del Instituto sobre la actuación legislativa en la materia, entre las cuales señala que la reforma tiene una "vocación refundacional que no busca corregir o mejorar el sistema electoral, sino que lo reformula de manera radical", por lo que cree que "la presente reforma electoral hace un "borrón y cuenta nueva" de la institucionalidad electoral y lo peor, no traza el diseño concreto del nuevo sistema electoral".

El documento reitera la posición de los actuales consejeros electorales del IFE, sobre que "es una reforma conjugada con el condicional verbo "podrá". Lo cual abre la puerta, automáticamente, antes incluso de iniciar cualquier proceso electoral, a la disputa, la impugnación y la discrecionalidad de la nueva autoridad electoral".

Para el Instituto de Estudios para la Transición Democrática resulta "un retroceso neto" que la reforma eleve el porcentaje mínimo de la votación válida para que los partidos políticos conserven su registro del 2 al 3%.

"Se trata de una medida que echa un nuevo cerrojo al sistema de partidos, cuya puerta debería estar permanentemente abierta, como exige el mínimo estándar democrático", expone el documento.

En materia de gobiernos de coalición, el Instituto destaca que es una propuesta adecuada que se haya agregado a la Constitución esta posibilidad que estará sujeta a la voluntad presidencial y a que pueda llegar a un acuerdo con algún o algunos partidos que, en conjunto, construyan una mayoría en el Congreso.

"La propuesta es adecuada porque reconoce una realidad que no es coyuntural (lleva ya 16 años entre nosotros), y porque le ofrece una vía constructiva para darle estabilidad y apoyo al gobierno, sumando fuerzas y porque en su carácter potestativo no convierte al Presidente de la República en rehén del Congreso", expone el texto.

En materia de reelección, la carta expone que con los cambios constitucionales que permitirán la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes se "permite la construcción efectiva de carreras legislativas y parlamentarias cada vez más necesarias".

Para el Instituto la institucionalización de la Fiscalía General de la República que sustituirá a la actual PGR, es "un paso vital en el propósito de desvincular la procuración de justicia de los órganos políticos", pero señala que "la reforma contiene un abigarrado proceso de designación del Fiscal General que no será sencillo de instrumentar en el que participan el Senado y el Ejecutivo Federal".

El documento finaliza exponiendo que el Pacto por México "cometió su mayor error al condicionar el contenido y el tiempo de una reforma por otra" y que la víctima principal de esa condición "puede ser el sistema electoral que tantos esfuerzos, recursos y dos décadas le llevó a los mexicanos", por ello hace un llamado a que se reconsidere y se comience a corregir lo aprobado en el Congreso la semana pasada.

Los firmantes son personalidades como: Luis Emilio Gímenez Cacho, Carlos Flores Vargas, Rosa Elena Montes de Oca, Antonio Ávila, Ricardo Raphael, Agustín Castilla, Jorge Javier Romero, Mariano Sánchez, Sergio López Ayllón, Jesús Galindo, Lucía Guijarro, Pável Gil, Antonio Franco, Margarita Flores, David Bernal, Miguel Ángel López, Juan Adolfo Montiel, Guillermo Ejea, Salvador de Lara, Enrique Contreras, Luis Salgado, Carlos Garza Falla, Christian Uziel García, César Hernández, Jaime Trejo, Manuel Vargas.