Reforma anticorrupción pasa; el fuero se queda

Habrá sanciones administrativas para servidores públicos y particulares; la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar en tiempo real recursos públicos y deudas de los estados.
Ernesto Cordero, Miguel Barbosa y Emilio Gamboa, ayer en el Senado.
Ernesto Cordero, Miguel Barbosa y Emilio Gamboa, ayer en el Senado. (Javier Ríos)

México

Sin modificaciones, el Senado aprobó ayer con 97 votos las reformas constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción con el que se pretende instrumentar la política pública de combate a este delito, y del que derivarán sanciones administrativas para servidores públicos y particulares.

La reforma no toca el fuero constitucional, por lo que la oposición aclaró que no será posible fincar responsabilidades penales al Presidente de la República, gobernadores, legisladores, presidentes municipales o líderes sindicales —sin aprobación del Congreso—, por lo que no es ni la panacea ni una varita mágica para ver "peces gordos" tras la cárcel de inmediato.

Sin embargo, a excepción del Partido del Trabajo, todos los partidos reconocieron los avances para combatir este "mal endémico" que según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le cuesta al país 1.5 billones de pesos al año, equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto .

La reforma a los 14 artículos constitucionales fue aprobada en lo general después de más de seis horas de discusión con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, con lo que se prevé que en las próximas horas se turne a los congresos de los estados para su aprobación, con el fin de emitir las leyes secundarias a más tardar en un año.

La reforma da nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación para auditar en tiempo real los recursos públicos y deudas de los estados; podrá integrar los expedientes de casos de corrupción, que se remitirán al nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa que será autónomo y sancionará faltas graves y no graves, de funcionarios públicos y particulares, entre otros aspectos.

Al cierre de esta edición proseguía la discusión de 35 reservas al articulado; sin embargo, PRI y Partido Verde frenaron todas, incluida la del 108 impugnado por PAN y PRD, apoyados por el perredista Sofío Ramírez, para evitar que al jefe del Ejecutivo se le pueda juzgar por ejercicio abusivo de funciones, conflicto de interés, tráfico de influencias o cohecho.

Al posicionar el contenido del dictamen, el ecologista y presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, dijo que tras 15 años de batallas, hoy se tiene un gran instrumento y garantizó que a más tardar en un año se tendrán las leyes generales.

A su vez, las priistas Cristina Díaz y Lilia Merodio señalaron que en la transformación de México ya no cabe la corrupción, la impunidad, la opacidad y el tráfico de influencias. Su compañera Diva Gastélum agregó que si hoy el dedo de una mano apunta a un gobierno con corrupción, los otros cuatro apuntan a otros gobiernos, por ello este es un avance significativo.

El PAN exigió al presidente Enrique Peña Nieto que no pase como con la educativa e implemente el contenido de esta reforma para acabar con los corruptos, al recordar Marcela Torres que el CCE calcula la corrupción en 1.5 billones de pesos al año.

"Nos gustaría decir que con la aprobación del sistema, de inmediato caerán los peces gordos de la corrupción, sean Presidentes de la República, líderes sindicales, gobernadores, senadores, diputados de todos los colores y tendencias, pero no hay varita mágica ni ninguna otra panacea que resuelva el problema de un día para otro", planteó Torres.

"Se crea sistema de excepción"

En cuanto al fuero, Alejandro Encinas aseveró que crea un sistema de excepción donde el jefe del Ejecutivo está exento, "lo cual no lo dota de inmunidad, sino de impunidad", por lo que exigió que la Comisión de Puntos Constitucionales convoque a dictaminar ya la minuta enviada por los diputados, y propuso que al Presidente también se le juzgue por violaciones a la Constitución y leyes federales, manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común.

Junto con Zoé Robledo propuso además que todos los servidores públicos hagan pública su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos, pero la modificación no se aprobó.

En tanto, los panistas Ernesto Cordero y Roberto Gil coincidieron en que esta reforma sale "chata" y con carencias fundamentales, porque al no incluir las reformas al fuero presidencial, de los secretarios de Estado, ni de legisladores, gobernadores o presidentes municipales, éstos sólo podrán enfrentar un proceso penal e ir ante el Ministerio Público si el Legislativo les retira la inmunidad procesal.

"No nos engañemos, esto no va a terminar, ni siquiera va a prevenir que no haya otra Casa Blanca, esto no va a prevenir gobernadores de todos los colores abusivos ni presidente municipales corruptos", sentenció el ex secretario de Hacienda, quien propuso reformas para evitar también los moches, la cual se rechazó.

El Partido del Trabajo se opuso, al sostener el coordinador Manuel Bartlett que los operadores del sistema "todos son empleados del presidente", pero además porque electoralmente "es un regalo a Peña Nieto que se usará en esta campaña".


PRESENTAN 'ANTICORRUPTÓMETRO'

Organizaciones civiles presentaron ayer el Anticorruptómetro, herramienta que permitirá mostrar a los ciudadanos los días, horas, minutos y segundos que tome a los estados aprobar y ejecutar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

"No tenemos tiempo que perder para aprobar el SNA, el anticorruptómetro nos permitirá exigir su aprobación y nos dará información sobre aquellos estados en lo que no se tiene voluntad para acabar con el problema. Desde la sociedad civil daremos seguimiento en tiempo real a los días, horas, minutos y segundos que le toma a los estados aprobar el sistema", señaló Viridiana Ríos, directora del Observatorio Económico México ¿Cómo vamos?

En tanto, David Calderón, director general de Mexicanos Primero, afirmó que las reformas y adiciones legales ayudarán a que se cambien las prácticas en cada sistema estatal de educación, además de que se debe castigar los desvíos en la forma de entregas ilegales a sindicatos y pagos para aquellos que no son maestros.

Añadió que de los 680 mil millones de pesos al año que se destinan a la educación, al menos 10 por ciento se pierde o se desvía por corrupción.