Ayotzinapa crisis del Estado de Derecho: Estudios de Género

Junto con la violencia hacia la mujer son algunos de los puntos que toca el pliego de demandas, ya que aseguran que la situación afecta la vida de todos los mexicanos.
Madres exigían el regreso de los normalistas a sus familias.
Madres exigen el regreso de los normalistas a sus familias. (Leonel Rocha)

Torreón, Coahuila

La Red de Estudios de Género del Norte, del Pacífico Mexicano y del Occidente del país, así como investigadoras de instituciones educativas de nivel superior, presentan un pliego de demandas, tras la desaparición forzada de los estudiantes de Iguala, Guerrero.

Entre ellas, está el que se agilice la investigación sobre los hechos violentos, atendiendo criterios estrictos de justicia.

Señalan que esta situación ha afectado de manera singular la economía y la vida en las ciudades de México.

"Manifestaron su repudio a los sucesos ocurridos y su preocupación por la espiral de violencia que está experimentando el país en un contexto caracterizado por una crisis del estado de derecho".

"El caso de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, es un punto culminante en la escalada de violencia que experimenta México en la última década y en la cual el Gobierno Federal, Estatal y Municipal han mantenido una política errada". 

"Han justificando muchas veces los homicidios, bajo un supuesto "ajuste de cuentas" entre grupos criminales, con lo cual tácitamente se renuncia al poder legítimo de la violencia, dejando en manos criminales la "impartición de la justicia".

Además de que anticipadamente se criminaliza a quienes han sido asesinados en esta coyuntura, en que hemos presenciado un sinnúmero de víctimas de desapariciones forzadas", se define en el comunicado oficial de la red.

Señalan que el caso Ayotzinapa, puso en evidencia la colusión que existe entre las fuerzas del orden público con los grupos criminales y la omisión de la responsabilidad de las autoridades judiciales.

También hizo patente la falta de recursos que tienen las y los ciudadanos para hacer valer sus derechos humanos ante autoridades abusivas, así como la falta de controles horizontales entre las instituciones encargadas de la seguridad y la gobernabilidad del país.

Definieron que la estrategia de seguridad militarizada adoptada desde el anterior sexenio ha afectado de manera significativa a las mujeres pues la violencia sexual y el feminicidio se han incrementado tanto en el ámbito urbano como rural y en el ámbito público y privado.

No obstante, indican que esta situación ha pasado inadvertida por las autoridades, cuya estrategia de seguridad se orienta disminuir los "delitos de alto impacto," en los cuales están excluidos los que se cometen en contra de las mujeres.

Incluso, el feminicidio ha sido imputado a la "conducta irresponsable" de las mujeres o es minimizado como "violencia doméstica".

Las demandas que hacen, son las siguientes:

- Un acuerdo Político Nacional de cara a la ciudadanía, que busque dar cauce a las demandas ciudadanas para salir de la crisis actual.

- Que se agilice la investigación sobre los hechos violentos de Ayotzinapa y se deslinden responsabilidades atendiendo criterios estrictos de justicia.

- Que se informe puntualmente a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos sobre el avance de las investigaciones y se les dé un trato respetuoso y acorde a sus necesidades y situación específica.

- Que en los informes sobre el comportamiento de la seguridad pública se incluyan también los delitos cometidos en contra de la seguridad de las mujeres.

- Que el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, informe sobre el efecto de la política de seguridad en el aumento de la violencia hacia las mujeres y que mientras esto no ocurra, que deje de hacer declaraciones triunfales de que los delitos de "alto impacto" van a la baja, pues con ello sólo contribuye a invisibilizar la violencia hacia las mujeres.

- Que el Ombudsman de la CNDH, Raúl González, dé un informe detallado y fehaciente sobre la situación del acceso de las mujeres a la justicia y a la seguridad en las entidades de México.

- Que el Secretario de Gobierno impulse mecanismos legales que obliguen a las instancias de justicia a hacer un desglose por sexo de la estadística de feminicidio y delitos cometidos en contra de la seguridad de las mujeres.