LLega al Senado iniciativa de ley de alternativas de solución a pleitos legales

Con la iniciativa se busca regular y asegurar la reparación del daño a las víctimas y establece los casos en que se requiere de la supervisión judicial.
Senado de la República
Senado de la República (Milenio)

Ciudad de México

El Senado de la República recibió la iniciativa que expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal, que fue remitida por el presidente Enrique Peña Nieto.

Con esta iniciativa, que también modifica el Código Penal Federal, se busca regular y asegurar la reparación del daño a las víctimas y establece los casos en que se requiere de la supervisión judicial.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, destaca que la política de Estado en materia de justicia no puede ser sólo punitiva, por lo que se plantean mecanismos para solucionar los conflictos y garantizar la reparación del daño.

Se crea la figura de "facilitadores", que serán personas certificadas que establecerán los diferentes mecanismos alternativos regulados por esta ley en casos penales.

Serán objeto de este tipo de penas alternativas los delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de la parte ofendida, así como los culposos o los patrimoniales cometidos sin violencia por las personas.

Las penas o acuerdos alternativos no procederán cuando el imputado ya haya celebrado antes otros convenios de la misma naturaleza jurídica.

Los jueces penales podrán suspender el proceso por 30 días para que las partes puedan concretar un acuerdo con el apoyo de la autoridad especializada, que son los facilitadores.

La iniciativa agrega que las partes, es decir la víctima y el imputado, podrán celebrar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o referido, lapso que no podrá ser por más de un año en caso de que no se especifique el mismo.

Se prevé que sean mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad como se resuelvan estas controversias.

En la exposición de motivos, el presidente resalta que en los procedimientos de mecanismos alternativos se logra el acercamiento de los protagonistas del conflicto para resolverlo sin la aplicación punitiva del Estado, "reconociendo las emociones y necesidades de las partes".

Eso, agrega, "les deja en condiciones de centrarse en los aspectos sustanciales del conflicto, asumir el control de éste y tomar sus propias decisiones, construyendo una solución común".

La ley, que consta de 49 artículos, distribuidos en cuatro títulos, así como un régimen transitorio, propone la creación de la figura de "los facilitadores", personas debidamente certificadas que directamente establecen los diferentes mecanismos alternativos.

Los cuales estarán regidos por 10 principios: voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad, simplicidad, imparcialidad, equidad, licitud, honestidad y enfoque diferencial especializado.

Se establece que un principio de fundamental importancia es el de confidencialidad, del cual se desprende que la información que surja en el trámite de estos procedimientos no podrá ser divulgada por los intervinientes.

Además de que no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes en un proceso penal, lo que permite que los involucrados tengan confianza para acceder a participar en estos mecanismos, porque serán flexibles sin establecer formas rígidas, como en el procedimiento ordinario.

Para la resolución de controversias se proponen tres procedimientos: mediación, conciliación y restaurativo.

En el primero, el facilitador no está autorizado para proponer soluciones a los intervinientes, toda vez que se estima que una solución construida por ellos mismos tendrá mayor fortaleza y permitirá pacificar con mayor efectividad el conflicto.

En la conciliación el facilitador está autorizado a formular propuestas de solución al conflicto.

Mientras que en el restaurativo, además de las personas directamente involucradas en el hecho presuntamente delictivo, podrá participar la comunidad en la que los intervinientes directos estén inmersos, con el fin de lograr el reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas e incentivar la recomposición del tejido social.