Avalan en comisiones la reforma energética

Con 24 votos a favor del PRI, PAN y PVEM el Senado aprobó en comisiones la reforma energética mientras que la bancada del PRD manitiene su protesta al pie de la tribuna.

Ciudad de México

Con 24 votos a favor del PRI, PAN y PVEM el Senado aprobó en comisiones la reforma energética que abre al 100% el sector petrolero y la industria eléctrica a la inversión privada en el país. Mientras que la izquierda junta perdió la votación con 9 votos.

“En contra de la privatización del petróleo, el gas y la electricidad y a favor de que se consulte al pueblo”, expresó la perredista Dolores Padierna al emitir su voto en contra. “En contra del sometimiento de México a intereses extranjeros”, dijo a su vez el petista Manuel Bartlett.

“En contra del dictamen por el que estos corruptos y traidores pretenden el atraco más grande”, expresó molesto el tabasqueño del PRD, Adán Augusto.

En tanto, el dirigente del sindicato petrolero, el priista Carlos Romero Deschamps, avaló avaló el dictamen y se limitó a levantar el dedo desde sui escaño, sin emitir pronunciamiento alguno. El también priista Ascención Orihuela aseveró que él está en contra de la privatización y votó a favor.

La senadora Dolores Padierna advirtió, al término de la votación, que aquí no termina la lucha en contra de la privatización y recurrirán a todas las instancias legales para impugnar esta reforma.

Informó que hay un acuerdo con el priista Emilio Gamboa para llamar a un notario que dé fe de las firmas recibidas en el Senado, para iniciar el proceso de demanda de consulta popular en este tema.

Luego, los perredistas abandonaron los espacios que ocuparon al pie de la tribuna desde esta mañana y entre gritos de ¡consulta popular, consulta popular, consulta popular..! regresaron a sus escaños para reiniciar la discusión del dictamen, ahora en lo particular.

La izquierda reservó todos los artículos de la minuta, es decir el 25, 27 y 28 constitucionales que se modifican y los 21 transitorios.

EL DICTAMEN

El dictamen de reforma energética modifica la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28 para abrir toda la cadena petrolera al sector privado y terminar con el monopolio en el sector energético, al plantear que Pemex y la CFE se conviertan en “empresas productivas”, que competirán con inversionistas a los que se les pagará no solo con dinero, sino con crudo, mediante contratos de riesgo en su modalidad de Utilidad y Producción Compartida.

Además, las empresas privadas podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación del contrato y beneficios esperados, señalando que son propiedad de la nación, cuando se trate de contratos de utilidad compartida o renta compartida.

Luego de que el PRI se negó a llevar al texto del artículo 27 constitucional el término de concesiones, la reforma contempla un esquema de contratos con modalidades de contraprestación que serán: en efectivo para los contratos de servicios; con un porcentaje de la utilidad, cuando sean de utilidad compartida; con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; con la transmisión onerosa de los hidrocarburos para los contratos de licencia.

Dejan de ser estratégicas la refinación, petroquímica básica, procesamiento de gas natural y generación de electricidad.

La reforma recoge la propuesta del PAN para que, sin concesiones, se abra toda la cadena petrolera a la inversión privada, nacional y extranjera, mediante diferentes tipos de contratos, licencias y asignaciones. No obstante, en los considerandos se refiere que es necesario esta reforma a la Constitución, que hoy en día prohíbe precisamente el otorgamiento de contratos y concesiones.

La reforma incluye 21  artículos transitorios que contienen lineamientos para emitir la legislación secundaria, en la que se perfila la desaparición del subsidio a los energéticos. Propone que el Congreso trabaje un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos.

En materia de electricidad, el Estado se queda solo con la rectoría en planeación y transmisión, mientras que los privados podrán participar en generación y comercialización.

Los transitorios no contienen un nuevo régimen laboral con el sindicato de Pemex, ni su retiro del Consejo de Administración de Pemex, aunque establece el mecanismo de elección de los consejeros profesionales que serán electos en forma escalonada por mayoría calificada en el Senado.

También en los transitorios, se establece que en la ley secundaria habrá un capítulo de Medidas Anticorrupción, que a decir de Acción Nacional obligará a que Pemex sea auditado hasta en tres ocasiones por la ASF, por un órgano interno y por firmas externas.

Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo fiduciario será el Banco de México, y no será operado por la Secretaría de Hacienda, como pedía el PRI. Además, se dota de nuevas facultados a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía.

Con base en las iniciativas del PAN y del PRI, las comisiones dictaminadoras de Energía, que preside el priista David Penchyna; la de Estudios Legislativos, que preside el panista Raúl Gracia; y la de Puntos Constitucionales, que encabeza el priista Enrique Burgos, proponen modificar el artículo 25.

En dicho artículo se elimina el monopolio del Estado en los hidrocarburos y convierte a Pemex en “empresa productiva” para competir con el sector privado, al modificar su carácter de estratégica e incluye los criterios de sustentabilidad.

El dictamen propone que “Tratándose de las actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Constitución en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como su régimen de remuneraciones, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad y transparencia con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.…”

De acuerdo al dictamen, al dejar de ser monopolio y ser empresas privadas, éstas podrán contratar con particulares, para cumplir con el objeto de las asignaciones o contratos.

“Esto es, la nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de asignaciones de determinada superficie de terreno que hará a favor de empresas productivas del Estado, en el entendido que Pemex transitará al modelo de empresas pública productiva, para que éstas puedan, a su vez, realizar dichas actividades  o bien contratar con particulares  la realización de las mismas”.

ARTICULO 27

A su vez, las comisiones proponen cambios al artículo 27, donde se regulan los contratos que fueron eliminados con la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas.

Se plantea que: “Tratándose de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

De acuerdo a los senadores del PAN, del PRI y del PVEM, que participaron en la construcción del dictamen, el Estado pagará la contraprestación a los privados por participar en exploración y extracción de petróleo en hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en:

Efectivo, con un porcentaje de la utilidad o de la producción obtenida; con la transmisión onerosa de la propiedad de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo o cualquier combinación de ambos.

Se reconoce en los Considerandos del dictamen que “en la reforma constitucional se prevé la posibilidad  para el Estado mexicano de celebrar los denominados contratos de riesgo, ya sea de utilidad compartida o de producción compartida”.

Se afirma que, aún en éstos, la propiedad de los hidrocarburos sigue siendo del Estado “pero se compromete un porcentaje de la monetización de la producción de la producción como retribución”.

Mientras que en los contratos de producción compartida, “se compromete un porcentaje de la producción obtenida como retribución”. En éstos, las empresas pueden registrar como activos para efectos contables, las reservas de crudo

ARTICULO 28

En el artículo 28 se determina que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y Radiotelegrafía; exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de electricidad; y, las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

Asimismo, el Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.