Propone PRD aplazar la reforma político-electoral

La bancada perredista en el Senado presentará hoy una propuesta para que la reforma electoral se revise el siguiente periodo y la política, hasta el 2015.
Ayer, senadores del PRD se reunieron con el presidente nacional del partido, Jesús Zambrano.
Ayer, senadores del PRD se reunieron con el presidente nacional del partido, Jesús Zambrano. (@RiosPiterJaguar)

Ciudad de México

La bancada del PRD en el Senado propondrá hoy que se aplace la negociación de la reforma político-electoral en su conjunto y en este periodo solo se discuta una “agenda prioritaria” que incluya las cartas ciudadanas, candidaturas independientes, Ley de Participación Ciudadana, consulta popular e iniciativa ciudadana; la reforma electoral hasta el siguiente periodo y dejar la revisión de la reforma política hasta 2015.

En la iniciativa de Ley para la Reforma del Régimen Político que se presenta al pleno en la sesión de hoy, el PRD propone un calendario de discusión de la reforma político-electoral, al argumentar que “se necesita impulsar con serenidad y la mayor responsabilidad un proceso de reforma política de las instituciones del régimen para democratizarlo”.

Aunque los perredistas firmaron una iniciativa de largo alcance con senadores del PAN encabezados por Ernesto Cordero, para modificar el régimen político, en la iniciativa enlistada ya en la [b][url=http://gaceta.diputados.gob.mx/]Gaceta Parlamentaria [/url][/b]para hoy, sostienen que el cambio es de tal importancia que sólo tendrá éxito si se crean las condiciones políticas y las garantías necesarias para que las distintas fuerzas sean conscientes de la trascendencia de las decisiones que han de tomar.

“Para esto es necesario resaltar que el objetivo de este proceso de reforma es fortalecer la democracia y la rendición de cuentas y que de ninguna manera será una ocasión de ajuste de cuentas o de búsqueda de objetivos facciosos. El éxito de la tarea residirá en la capacidad para generar confianza en el diálogo y de separar el curso de la reforma de los conflictos inmediatos”.

Se afirma que un cambio político de esta importancia no se puede llevar a cabo en medio de la discusión de una agenda amplia y polarizada como la que actualmente se procesa en el Congreso para impulsar las reformas estructurales de la economía.

“La reforma política debe ser parte de la negociación global, pero no quedar atrapada en las otras negociaciones y en un calendario de imposible cumplimiento. Por razones de método político proponemos separar los contenidos de la agenda y su procesamiento”.

El PRD señala que dada la importancia de esta reforma política deberá ser iniciada y conducida desde el Congreso por medio de una ley que establezca una agenda política prioritaria, un calendario para la discusión de las reformas necesarias y un método de diálogo y de fijación de acuerdos en el cual participen todas las fuerzas políticas representadas en el propio Congreso.

Desde ese espacio se harán las consultas pertinentes a los otros Poderes, los partidos políticos y a la sociedad.

La agenda abarcará las reformas para democratizar el acceso al poder, su ejercicio y las necesarias para lograr una efectiva rendición de cuentas. El calendario se desarrollará en tres etapas:

[b]En este periodo[/b]: Cartas ciudadanas, Candidaturas independientes, Ley de Participación Ciudadana , Consulta Popular, Iniciativa Ciudadana.

[b]En el periodo que inicia en febrero próximo:[/b] Reformas al sistema electoral

[b]En septiembre de 2015: [/b]reformas al régimen político.

“El método que se propone es que la responsabilidad del proceso no se delegue a ninguna comisión especial ni a un órgano administrativo creado para ese propósito, sino atribuir a las Juntas de Coordinación Política de cada cámara el procesamiento de las reformas con el apoyo de las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia, Reforma del Estado y las de Estudios Legislativos”.

Se subraya que es de la mayor importancia que las reformas cuenten con amplio respaldo de la sociedad. Sus contenidos democráticos generarán por sí mismos un gran interés y corresponderá a las Cámaras del Congreso potenciar y conducir el debate, abrirlo a los especialistas y a los más diversos representantes de la sociedad.

“Cabe resaltar que esta ley no impone la aprobación de los temas contenidos en la agenda, pero sí el compromiso político de revisarlos a fondo y de entregar a los mexicanos las mejores instituciones para atender a los reclamos más apremiantes de la sociedad”.

Los perredistas argumentan que durante las últimas tres décadas, el régimen político, con base en subsecuentes reformas, logró democratizar sus procedimientos electorales.

Se dice que a pesar de los avances alcanzados persisten problemas no resueltos de inequidad en la contienda electoral y falta de transparencia en el uso del dinero en las elecciones. Una cuestión de suma importancia que se mantiene irresuelta es la transformación de las relaciones entre los Poderes y la actualización del sistema federal.

Además, la falta de democratización de las instituciones del régimen político ha dificultado la formación de mayorías estables, la definición de políticas de Estado de largo alcance, la persistencia de la impunidad y el alejamiento de las instituciones con respecto a la sociedad.

“Esto ha provocado un serio problema de representación, por lo que hoy se tiene la apremiante necesidad de trasformar al régimen presidencial para adecuarlo a las demandas de una realidad política de mayor pluralismo”.

“Desde hace años se discute respecto a la necesidad de reformar el régimen político. Hay un consenso extendido entre los académicos y especialistas con relación a que México avanzó en su democracia electoral, pero quedó pendiente la democratización del poder público”.

Sin embargo, el diseño inadecuado de las instituciones representa un serio obstáculo a la formación de los consensos, el control social del poder, una efectiva rendición de cuentas y la necesidad de contar con una gobernabilidad sustentada en un amplio consenso social y político como condición necesaria para una estrategia de desarrollo económico y social incluyente y exitosa.