Propone PAN cárcel de más de 22 años por ‘cobro de piso’

La bancada panista en el Senado presentará una iniciativa para que se tipifique el 'derecho de piso' como un delito de extorsión.
Sesión del Senado de la República
Sesión del Senado de la República (Notimex)

Ciudad de México

La bancada del PAN en Senado presentará hoy una iniciativa para tipificar el cobro de "derecho de piso" como un delito de extorsión, al denunciar que esta conducta se elevó en un 918 por ciento en el último año.

En la iniciativa, que presentarán los legisladores del PAN en la sección de hoy, se refiere que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el incremento de ese ilícito a nivel nación ha crecido de manera exponencial, pues mientras que en 1997 se presentaron 876 denuncias en todo el país, para 2013 se incrementó a 8 mil 42 denuncias.

Se señala que los estados en los que se centra la comisión de este delito son el Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, México, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerreo y Tamaulipas.

La bancada panista explica que en el sexenio pasado la Secretaria de Seguridad Pública federal reportó que en al menos 176 municipios del país bandas criminales cobraban el derecho de piso y, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, en el 2011 ese delito ocupo el tercer lugar como el más frecuente en sectores como la industria, el comercio y los servicios en la micro y mediana empresa.

"El derecho de piso se considerará cuando los delincuentes se presentan directamente en los establecimiento o empresas para exigir cantidades periódicas de dinero o cuotas con el propósito de garantizar la integridad física de la victiman y el establecimiento", puntualiza la iniciativa del PAN en la que se propone atender de urgencia este caso.

Se plantea modificar el artículo 390 del Código Penal Federal para incrementar las penas por el delito de extorsión de cuatro a 15 años de prisión y de 100 a 800 días de multa. En el caso de que participen miembros o integrantes de seguridad privada, se impondrá además la inhabilitación de uno a 10 años y si se trata de un miembro de las Fuerzas Armadas la misma cantidad en caso de estar en activo.

Además de las penas señaladas, se incrementarán en una mitad cuando se ulticen como medios comisivos la vía telefónica, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.