Política de la violencia

Chiapas dejó un aprendizaje de enorme importancia a fuerzas de izquierda: la agresión, paga, reditúa, es buen negocio.
La protesta de la CNTE contra la reforma educativa se juegan intereses que rebasan lo estrictamente educativo.
La protesta de la CNTE contra la reforma educativa se juegan intereses que rebasan lo estrictamente educativo. (Cuartoscuro)

México

Todos sabemos o intuimos que en la protesta de la CNTE contra la reforma educativa se juegan intereses que rebasan lo estrictamente educativo. No se trata solo de la sucesión presidencial, que está cercana, sino principalmente el tema de la estabilidad política y la gobernabilidad del país.

Algo peculiar del movimiento de la CNTE es el uso recurrente de la violencia como método de lucha. Entre 2012 y 2016 se registraron acciones violentas de todo tipo: clausura de carreteras, ataque a edificios públicos, actos de pillaje, incendio de archivos, robo de muebles y vehículos, vandalismo en supermercados, etc. etc. En estados como Oaxaca existe, desde tiempo atrás, una "tradición" de luchas colectivas ilegales, pero la historia no puede exculpar a nadie. La violencia, ritualizada o no, es violencia.

Estos sucesos fueron muy graves. De hecho, las protestas políticas violentas en México adquirieron una suerte de legitimidad desde 1994, a raíz de la revuelta indígena del EZLN. Esta pequeña revolución derivó en concesiones (del Estado a los rebeldes) que hicieron posible la creación de un territorio, prácticamente autónomo dentro de la nación.

Chiapas dejó un aprendizaje político de enorme importancia para las fuerzas opositoras de izquierda: la violencia, paga, reditúa, es buen negocio. Desde entonces, no ha habido movimiento de protesta significativo en México que no acuda al uso de la violencia como mecanismo de presión.

Pero no es solo Chiapas. Cuando alguien argumenta: "Se están violando la legalidad" se encuentra, de inmediato, con una respuesta irónica o indulgente: "Por favor, dime, ¿quién en México respeta las leyes? ¿Las respetan los ricos? ¿Las respetan los narcotraficantes? ¿Las respetan los políticos?".

Esta reacción se funda en este principio moral espurio: "Si los demás no, ¿Por qué yo sí?" Este ejemplo ilustra la peor amenaza que enfrenta actualmente el estado de derecho —y la paz interna— de México. Se trata de un volver la espalda a la ley y, al mismo tiempo, a la política como medios efi caces para dirimir los desacuerdos entre mexicanos.

El poder judicial sufre grave erosión. Su desprestigio es enorme, por la impunidad rampante en que vivimos —los culpables de los crímenes no son juzgados y castigados como se debe— y por el permanente acoso de las policías y fuerzas armadas sobre la población civil. El Ejército mexicano no ha sido modernizado (y aunque se diga lo contrario tampoco la Armada: Cómo explicar que en sus intervenciones arrojen una injustificable proporción muertes y heridos de 30 a 1, dato que arrojó la investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reseñada hace unas semanas por The New York Times).

Es evidente que el orden social y la estabilidad política están en peligro. ¿Cómo conjurar ese peligro? La ecuación de organizar una policía moderna y eficaz ha fracasado, las fuerzas armadas siguen enrocadas en su feudo y renuentes a responder al reclamo democrático. La apuesta de las autoridades, sin embargo, es desencadenar un proceso vigoroso de revisión de las instituciones educativas y re-educar a la sociedad para conducirla hacia una convivencia civilizada. Las autoridades actuales no apuestan a que las tropas y la policía sean garantía suficiente. Su carta, al fi nal, no es la carta represiva, es la educativa.



FLC