Piden diputados a gobierno definir Monterrey VI y Kia

Arturo Salinas argumentó que es necesaria una postura por parte del gobernador sobre el proyecto de acueducto, y sancionar a funcionarios involucrados en irregularidades con la empresa Kia.

Monterrey

A cinco meses del inicio de la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, los diputados locales demandaron definir una estrategia con el tema de Monterrey VI y caso KIA.

Marco Antonio González Valdez, coordinador de la bancada del PRI, y Arturo Salinas Garza, líder de los diputados del PAN, urgieron al Gobierno Estatal a concretar sus acciones tanto para el acueducto de Monterrey VI, como las probables sanciones para los funcionarios involucrados en supuestas irregularidades ante la llegada de la empresa KIA Motors.

"Al Gobierno del Estado le pediría de la manera más respetuosa que ya decidan qué van a hacer con Monterrey VI, si ya lo van a desechar que ya lo desechen y ya lo pongan en el archivero y ya tengan una alternativa, si no saben qué hacer, ya váyanse con lo que ya se avanzó", expuso.

Arturo Salinas Garza, diputado del PAN, coincidió al argumentar que es necesaria una definición contundente por parte del gobernador Jaime Rodríguez Calderón en Monterrey VI.

El legislador panista consideró que es necesario ponerle fin, debido a que sólo se buscan enriquecer unos cuantos, como la constructora favorita del presidente Enrique Peña Nieto.

Si bien se pronunció en contra del proyecto, consideró que al no tener una definición rotunda existe un riesgo por parte de inversionistas y la posibilidad de perder recursos.

"El riesgo es que haya demandas por parte de los inversionistas que han iniciado el proyecto, que haya demanda por incumplimiento de contrato, que se cobren sanciones, multas, etcétera, ese es el riesgo que tenemos, y que lo reviva en cualquier momento y esto va a ser terrible porque al final del día los ciudadanos de Nuevo León somos los que vamos a pagar el costo de este proyecto".

En el caso de la empresa coreana KIA Motors, los coordinadores de bancada del PRI y PAN también exigieron definir las posibles sanciones.

Marco Antonio González, diputado del PRI, mencionó que es necesario que actúe el gobierno y en caso de que haya un ilícito que este sea sancionado y se meta a la cárcel al culpable.

Cuestionó que al estar haciendo declaraciones públicas, sólo se ha afectado la Inversión Extranjera Directa (IED) en la entidad.

"No ha habido un plan alterno para atraer inversión extranjera por andar de cizañosos en el tema de KIA, sobre todo sin actuar en el tema de KIA y que ya no lo usen de manera mediática", dijo, "ya no hay interés de las empresas extranjeras venir a un estado que le pone piedritas en el zapato a las empresas ya instaladas y sobre todo a una empresa tan importante como KIA".

A su vez, Arturo Salinas Garza, diputado del PAN, afirmó que la Subprocuraduría Anticorrupción ha dejado a deber en la actuación con el gobierno anterior y con los actuales funcionarios.

"La actuación de la Subprocuraduría Anticorrupción ha dejado mucho qué desear, es una Subprocuraduría que se ha mantenido lenta, aletargada en los temas que tienen que ver con investigación de su propio gobierno y también por qué no decirlo, lenta y aletargada aún con otros, pareciera que es un tema de anuncios mediáticos pero sin ninguna sanción o persecución real de ningún tipo", comentó.

Al calificarla como "decorativa", el diputado manifestó que los resultados de la Subprocuraduría Anticorrupción solo han afectado la inversión en la entidad.

"Se ha afectado la inversión, se ha afectado la credibilidad en el Gobierno del Estado y por su puesto se ha afectado incluso la generación de empleo".

Exhorta Congreso a dar celeridad

Aunado a los cuestionamientos, el Congreso del Estado aprobó un exhorto para demandar al Gobierno del Estado a que se dé celeridad en las investigaciones de la armadora KIA Motors.

Eugenio Montiel, diputado del PRI y promotor del exhorto, expuso que la falta de definición ha generado también incertidumbre jurídica que ha repercutido en la atracción de inversiones.

"Esta tardanza es proporcionalmente inversa a los efectos que ello puede traer para que los potenciales inversionistas que analizan la conveniencia de invertir en Nuevo León, desistan en su intento al darse cuenta del mal ambiente que está generando este gobierno al denostar un proyecto que es modelo económico a nivel nacional", apuntó.

Montiel mencionó que aunque el caso ya se ha analizado desde la etapa de transición, criticó que no haya sanciones o definición al respecto.