Piden derechos antes de hacer "inventario"

El activista señaló que en la entidad los trabajadores carecen de seguridad social.

Monterrey

Antes de pensar en levantar un censo o inventariar a las trabajadoras domésticas, como propone el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, se les deben de proveer de garantías laborales básicas, de las cuales carecen.

Liberio Porfirio Hernández, presidente del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas en Nuevo León, recordó que los empleados de la construcción y el aseo en domicilios particulares carecen de toda seguridad social.

Recordó los casos recientes donde trabajadores han perecido en los megadesarrollos en San Pedro, siendo los familiares quienes se enfrentan a la evasiva de los empleadores por pagar las indemnizaciones.

En el caso de las mujeres que realizan el aseo, explicó que los testimonios acusan cargas de trabajo excedentes a las ocho horas por día, soportar agresiones verbales o, incluso, prohibírseles salir hasta en una semana del domicilio del empleador.

Por ello, si en verdad se quiere empadronar a las trabajadoras domésticas, como lo anunció Mauricio Fernández, también se tendría que discutir las prestaciones sociales a las que tendrían derecho, dijo.

“Son trabajadores de confianza, carecen de todas las prestaciones sociales. Creo que en ese misma forma en que Mauricio Fernández habla, también debe exigir que ese censo sea integral, que beneficie a ambas partes”, expuso Hernández.

Estado discriminador

Desde el 2014 se han ventilado estadísticas que sitúan a Monterrey como una de las ciudades que más discriminan en México.

A decir de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) citando una investigación del 2010, en Nuevo León existen altos niveles de intolerancia enfocados a las comunidades indígenas, a los foráneos y a la comunidad LGBT.

La situación es generalizada, acusa Hernández, no sólo San Pedro sino que en Monterrey y San Nicolás se tienen indicios de intolerancia.

“El estado en sí así se percibe, no por nada tienen el primer lugar en discriminación. No existe un Estado con capacidad de ofrecer diálogo o comunicación integral, el Gobierno no ha tenido esa capacidad”, refiere el activista.