Pide Congreso informe al gobierno sobre caso Antúnez

Diputados y senadores del PRI, PAN y PRD consideraron inadmisible que los civiles en Michoacán hagan justicia por su propia mano.

Ciudad de México

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al gobierno federal un informe sobre la presunta agresión de elementos del Ejército Mexicano contra la población civil en la comunidad de Antúnez, Michoacán, además de exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a investigar esos hechos.

A propuesta del grupo parlamentario del PRD, diputados y senadores se manifestaron por el esclarecimiento del caso en que al parecer murieron cuatro civiles alcanzados por disparos de arma de fuego, después de que una multitud forcejeó con soldados enviados a desarmar a las autodefensas en el municipio de Parácuaro.

Durante la sesión de la Comisión Permanente en el Palacio de San Lázaro, diputados y senadores del PRI, PAN y PRD consideraron inadmisible que los civiles en Michoacán hagan justicia por su propia mano y demandaron por ello a la autoridad desactivar las autodefensas, pero al mismo tiempo combatir con toda firmeza a las organizaciones criminales.

Al fijar el posicionamiento del PRI, el senador Alejandro Tello defendió la estrategia para restablecer el orden constitucional en el estado de Michoacán y justificó la presencia de las fuerzas federales para garantizar la seguridad de la población civil.

Sostuvo, además, que "aun cuando es entendible la indignación de grupos ciudadanos ante una situación que no se pudo resolver como se prometió hace algunos años, de ninguna manera se justifica la búsqueda de la justicia por propia mano y con medios fuera del marco de la ley".

Cuestionó asimismo la vía del oportunismo político para obtener una rentabilidad electoral del conflicto en Michoacán.

Por el PAN, el también senador Juan Carlos Romero Hicks expresó la posición de su partido a favor de las investigaciones para esclarecer si el Ejército Mexicano tuvo responsabilidad en alguna violación a derechos humanos en la comunidad de Antúnez.

"Parácuaro no es Fuenteovejuna; por eso estamos a favor de que la autoridad ejerza el mando como debe ser", puntualizó.

A nombre del PRD, la diputada Graciela Saldaña remarcó la necesidad de conocer con absoluta veracidad qué pasó en el operativo en Antúnez, sobre todo cuando se presume la muerte de cuatro civiles en su confrontación con elementos castrenses.

Manifestó el respaldo perredista a las Fuerzas Armadas como garantes de la seguridad nacional, pero no a costa de la duda sobre su actuación, por lo que reclamó un irrestricto respeto a los derechos humanos en su actuación.

Por lo demás, arengó, "en el PRD estamos a favor de la legalidad y no compartimos que los ciudadanos hagan justicia por propia mano, pero también defenderemos que los procedimientos para solución a conflictos se realicen con apego a la ley y a los acuerdos que garanticen los derechos fundamentales de los mexicanos".